Rick Jackson, candidato republicano a gobernador de Georgia y dueño de Jackson Healthcare, vuelve a enfrentar escrutinio por las prácticas de su subsidiaria Avant Healthcare Professionals.
La empresa, adquirida en 2018, se especializa en reclutar enfermeras extranjeras para hospitales de EE.UU. mediante visas EB-3.
En 2023, enfermeras nacidas en el extranjero, entre ellas Latoya Lewis (Jamaica) y Lucinda Byron (San Vicente y las Granadinas), presentaron una demanda colectiva. Alegaron que Avant las atrajo con la promesa del “sueño americano”, les pagó salarios inferiores a los de sus colegas estadounidenses, las ató a contratos rígidos de varios años y amenazó con contactar a ICE o cobrar miles de dólares si intentaban renunciar. Los demandantes describieron el esquema como “servidumbre por contrato”.
El caso cubrió a más de 5.000 trabajadores actuales y antiguos desde 2013.
Sin embargo, Avant negó haber cometido irregularidades. En junio de 2026, poco después de que Jackson se convirtiera en el candidato republicano, la empresa acordó un acuerdo de 3 millones de dólares y la condonación de tarifas impagas.
🏛️ No es la primera vez que Jackson o Avant Healthcare enfrentan señalamientos por explotación laboral de la mano de obra migrante 🏛️
De acuerdo con los informes, antes de que Avant Healthcare fuese adquirida por Jackson, en 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con la firma por anuncios de empleo que discriminaban a favor de trabajadores extranjeros frente a estadounidenses. En ese entonces, Avant pagó una multa de 27.750 dólares.
De forma separada, un caso de compensación laboral generó atención por las alegaciones sobre trabajadores sin autorización de trabajo en la propiedad personal de Jackson. En marzo de 2023, Facundo Ortega, un trabajador de 71 años de origen mexicano, sufrió una caída mientras realizaba labores de mantenimiento y paisajismo en la mansión de Jackson en Cumming.
Ortega presentó una reclamación de compensación laboral (workers’ compensation) contra Jackson Investment Group, LLC, y JIG Real Estate, LLC, empresas de las que Jackson figura como CEO.
Según documentos judiciales citados por el New York Post en abril de 2026, el abogado de Ortega alegó que Jackson mantenía “una fuerza laboral de larga data” de varios trabajadores de paisajismo y mantenimiento. Durante décadas, “incluyendo individuos sin autorización de trabajo que, no obstante, realizaron trabajo continuo para el empleador”. Un supervisor, Iván Robolledo, testificó que había trabajado allí durante unos 18 años y que no usaba número de Seguro Social para declarar impuestos.
En deposiciones (octubre 2023 y enero 2024), Jackson declaró que desconocía el estatus migratorio de esos trabajadores. Admitió que no se utilizaban los formularios I-9 en las contrataciones de personal de su propiedad.
Jackson ha hecho de la aplicación estricta de las leyes migratorias uno de los ejes de su campaña, con mensajes que prometen que los inmigrantes que cometan delitos “terminarán deportados o se irán”.
Los casos de Avant y de la mansión señalan una aparente contradicción entre su discurso público y las prácticas en sus empresas y propiedades.