La administración Trump ha eliminado el derecho de los inmigrantes a una audiencia de fianza mientras luchan contra la deportación. Esta política se aplicará a los inmigrantes que cruzaron la frontera en los últimos años.
La administración Trump ha establecido una nueva política que impide a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos solicitar una audiencia de fianza mientras enfrentan procedimientos de deportación en los tribunales.
Esta directriz, emitida por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Todd M. Lyons el pasado 8 de julio, señala que los inmigrantes deben permanecer detenidos durante todo el proceso de expulsión, con raras excepciones para liberaciones bajo palabra a discreción de un funcionario de inmigración.
La política se basa en una interpretación de la ley de inmigración que históricamente se aplicaba a quienes recientemente cruzaban la frontera, pero ahora se extiende a residentes de larga duración.
Sin embargo, esta medida ha generado críticas, con defensores argumentando que niega la posibilidad de libertad bajo fianza a los inmigrantes y dificulta la revisión individual de sus casos. Organizaciones como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, ha denunciado la negación de la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza en tribunales de inmigración de al menos 6 estados entre ellos Nueva York, Virginia, Oregón, Carolina del Norte, Ohio y Georgia.
Se espera que esta medida enfrente desafíos legales, ya que se anticipa que afectará a millones de inmigrantes, incluso aquellos que cruzaron la frontera durante la administración Biden.
Los defensores de una política migratoria más estricta argumentan que la detención facilita la rápida deportación de aquellos que no califican para permanecer en el país. Esta directriz es parte de un enfoque más amplio que busca aumentar la capacidad de detención de inmigrantes hasta 100.000 personas al día.
