Las autoridades de inmigración han exigido a los propietarios información detallada sobre sus inquilinos para apoyar las deportaciones en al menos 3 estados incluyendo a Georgia. La medida genera incertidumbre y preocupación en las comunidades migrantes
De acuerdo a medios internacionales y un abogado representante de varios dueños de propiedades inmobiliarias en Atlanta, agentes de inmigración estuvieron solicitando información detallada sobre los inquilinos a los propietarios, como contratos de alquiler, documentos de identidad y detalles personales, en lo que se cree es un esfuerzo para lograr las cuotas requeridas como parte de la política de deportaciones masivas de la administración Trump.
Uno de los documentos, era una citación de 2 páginas recibida por varios propietarios en el área de Metro Atlanta, a través del cual las fuerzas federales le exigían a los mismos detalles de los ocupantes de sus departamentos, como el número de personas que habitaban dentro del mismo, sus nombres y apellidos.
Una de las órdenes fue emitida en mayo de este año y constituiría un nuevo enfoque de la administración Trump podría ser un intento de rastrear a personas indocumentadas en Estados Unidos, generando incertidumbre y preocupación en la comunidad de propietarios y arrendadores.
ICE requiere identidad de inquilinos a sus propietarios: Es esto legal?
Las solicitudes obtenidas por medios internacionales no estaban firmadas por un juez, por lo que si algún propietario cooperase con las autoridades podría meterse en serios problemas legales, ya que en el estado los inquilinos se encuentran protegidos por la Ley de Vivienda Justa en la cual se prohíbe la discriminación por motivos de raza, color o nacionalidad.
No obstante, Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional advierte sobre el ignorar las citaciones administrativas emitidas por el ICE, ya que las mismas podrían acarrear penas tanto legales como monetarias.
A pesar de las afirmaciones de la portavoz de Seguridad Nacional sobre la legitimidad y consecuencias legales en caso de incumplimiento, los críticos destacan la falta de garantías legales y la posibilidad de violaciones de derechos si se cooperara con estas solicitudes sin respaldo judicial.
La incertidumbre y el temor que generan estas solicitudes demuestran la complejidad y las consecuencias potenciales para los propietarios que se ven obligados a lidiar con un escenario legal incierto e intimidante por parte de las autoridades de inmigración en Estados Unidos.
