La administración Trump se dispone a intensificar significativamente los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a algunos estadounidenses naturalizados, enfocándose en aquellos que presuntamente la obtuvieron mediante fraude.
De acuerdo con la información obtenida por el NYP, las directrices internas emitidas a las oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) les indican que deben remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes al Departamento de Justicia a partir del año fiscal 2026.
Esto representa un aumento drástico. Históricamente, las desnaturalizaciones han sido poco frecuentes: de 1990 a 2017, el gobierno registró un promedio de solo 11 casos al año. Entre 2017 y diciembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó poco más de 120 casos en total.
Durante el primer mandato de Trump, se procesaron más de 100 casos, en comparación con los 24 de la administración Biden.
Los funcionarios del USCIS enfatizan la priorización de las personas que “obtuvieron la ciudadanía estadounidense ilegalmente”, particularmente mediante mentiras o tergiversaciones durante la naturalización, para “restablecer la integridad” del sistema.
Defensores, incluyendo a Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, argumentan que se necesitan más medidas, afirmando que Estados Unidos está “muy lejos de desnaturalizar” a suficientes personas.
Críticos advierten que la cuota corre el riesgo de politizar un proceso serio e infundir miedo entre los 26 millones de ciudadanos naturalizados del país.
La política se alinea con las prioridades más amplias de control migratorio como la de evitar los procesos de naturalización de ciudadanos provenientes del listado cada vez más creciente de países considerados como de riesgo.
