Se abre una ventana para miles de detenidos: Jueza Federal Ordena Notificaciones de Elegibilidad para Fianza a Extranjeros Detenidos

En un fallo histórico del 18 de febrero de 2026, la jueza federal de distrito Sunshine Suzanne Sykes hizo cumplir una orden a nivel nacional en el caso Maldonado Bautista contra Santacruz, que exigía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificar a los extranjeros detenidos que cumplían los requisitos sobre su derecho a audiencias de fianza, de conformidad con el artículo 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Esto se deriva de la anulación de las directrices previas del DHS y del caso Yajure Hurtado de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que impuso la detención obligatoria a quienes ingresaron sin inspección (EWI).

Estos son algunos requisitos para poder optar al beneficio de la fianza

Para ser considerados para la fianza, los extranjeros deben cumplir con criterios específicos como parte de la “Clase Elegible para la Fianza” certificada:

• Estado de Detención: Actualmente detenido por el DHS/ICE y acusado de inadmisibilidad por ingresar a EE. UU. sin inspección ni documentos de entrada válidos (por ejemplo, según los artículos 1182(a)(6)(A)(i) o 1182(a)(7) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA).
• Sin otra Detención Obligatoria: No sujeto a deportación acelerada, condenas penales que desencadenen detención obligatoria según el artículo 1226(c) de la INA, ni estatus de extranjero recién llegado según el artículo 1225(b).
• Procedimientos en Curso: En proceso de deportación, pero aún no se ha ordenado su deportación.

Las personas elegibles pueden solicitar una audiencia de redeterminación de custodia ante un juez de inmigración, quien evalúa factores como el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad para una posible liberación bajo fianza o libertad condicional.

La orden exige notificaciones dentro de las 48 horas posteriores a la detención (o 7 días para los detenidos actuales) en el idioma de preferencia, además de acceso telefónico a abogados en una hora.

Esto podría afectar a miles de personas, restableciendo el derecho al debido proceso.

Grupos de asistencia legal como la ACLU instan a las personas afectadas a confirmar su pertenencia a la clase y a buscar asesoramiento legal de inmediato.