Los republicanos en el Congreso y en varios estados están intensificando sus esfuerzos para impugnar o revocar el fallo Plyler v. Doe, la decisión de la Corte Suprema de 1982 que garantiza a los niños indocumentados el acceso a la educación pública gratuita desde preescolar hasta el último año de secundaria.
El 18 de marzo de 2026, el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la Constitución y el Gobierno Limitado, presidido por el representante Chip Roy (republicano por Texas), celebró una audiencia titulada “Política de Inmigración por Orden Judicial: Los Efectos Adversos de Plyler v. Doe”.
Roy y los testigos argumentaron que el fallo, aprobado por 5 votos contra 4, fue erróneo, impone una gran carga financiera a los contribuyentes y a las escuelas, desvía recursos de los estudiantes estadounidenses y fomenta la inmigración ilegal.
Paralelamente, se están impulsando acciones a nivel estatal.
Los legisladores de Tennessee han presentado proyectos de ley para exigir la verificación del estatus migratorio o permitir que las escuelas cobren matrícula o nieguen la inscripción a estudiantes indocumentados, con el objetivo explícito de crear un mecanismo legal para la revisión por parte de la Corte Suprema. Propuestas similares han surgido en Texas, Oklahoma y otros lugares, respaldadas por grupos como la Heritage Foundation.
Quienes apoyan la decisión afirman que la actual Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6 a 3, ofrece una gran oportunidad para revocar el precedente en un contexto de mayor vigilancia fronteriza.
Los críticos advierten que anular el caso Plyler crearía una subclase de jóvenes sin educación, aumentaría los costos sociales a largo plazo y perjudicaría a las comunidades escolares.
