El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense” el 19 de mayo de 2026, en la que ordena a los bancos y reguladores federales intensificar el escrutinio sobre las personas sin estatus migratorio legal que intenten abrir cuentas, obtener tarjetas de crédito o préstamos.
La orden instruye al Departamento del Tesoro, la FDIC, la OCC y la Reserva Federal a emitir directrices que identifiquen “señales de alerta”, como el uso excesivo de Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN) sin presencia legal verificada, identificaciones consulares extranjeras, salarios no declarados y posible trata de personas con fines de explotación laboral.
La administración cita los riesgos crediticios que se producen si los prestatarios son deportados y no pueden pagar sus deudas, argumentando que estos costos se trasladan a los consumidores estadounidenses.
Si bien los borradores anteriores contemplaban la recopilación obligatoria de información sobre la ciudadanía, la versión final es más limitada y se centra en una mayor diligencia debida en lugar de controles universales.
Grupos bancarios, incluida la Asociación de Banqueros Estadounidenses, advierten que esto podría aumentar los costos de cumplimiento, complicar los procesos y limitar el acceso financiero para millones de personas. Se esperan directrices en las próximas semanas.
Los críticos temen efectos negativos en el sector bancario, mientras que sus defensores lo consideran una medida necesaria para la seguridad nacional y la integridad financiera.
