El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) ha presentado una propuesta de norma que podría limitar drásticamente las autorizaciones de trabajo para solicitantes de asilo, con el objetivo de frenar lo que denomina solicitudes frívolas y reducir los retrasos.
Anunciada el 23 de febrero de 2026, la reforma extiende el período de espera para que los solicitantes de asilo soliciten un Documento de Autorización de Empleo (EAD) de 180 a 365 días después de presentar su solicitud.
Aumento en el tiempo de espera para permisos de trabajo, datos biométricos para nuevos y renovaciones, adición de otros requisitos busca reducir solicitudes de asilo
Una disposición clave permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) suspender la aceptación de nuevas solicitudes iniciales de EAD cuando el tiempo promedio de procesamiento de los casos de asilo afirmativo supere los 180 días, un umbral ya superado, con retrasos actuales que promedian entre 23 y 35 meses.
Esto podría detener los permisos de trabajo durante años, dejando a muchos solicitantes de asilo sin la posibilidad de mantenerse legalmente durante las prolongadas esperas.
La norma también elimina el requisito de 30 días para el procesamiento del EAD, exige la toma de datos biométricos para todos los solicitantes (incluidas las renovaciones) e introduce restricciones adicionales de elegibilidad.
El DHS argumenta que estos cambios priorizarán la seguridad nacional, mejorarán la investigación de antecedentes y desalentarán las solicitudes sin fundamento que saturan el sistema.
Críticos, incluyendo organizaciones humanitarias como World Relief, advierten que la política exacerbará la pobreza y la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo y sus familias, incluyendo a los menores ciudadanos estadounidenses, ignorando la necesidad de una resolución más rápida de los casos.
Los comentarios públicos están abiertos hasta el 24 de abril de 2026, antes de que la norma posiblemente entre en vigor.
Dado que el sistema de asilo lidia con más de 1,5 millones de casos pendientes, esta propuesta indica una postura más firme en materia de inmigración bajo la actual administración.
