La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para desestimar miles de solicitudes de asilo sin audiencias completas, redirigiendo a los solicitantes a terceros países bajo los nuevos acuerdos de “tercer país seguro”.
Esta estrategia busca cerrar lo que las autoridades llaman una “enorme laguna legal” en el sistema de inmigración estadounidense, forzando a los migrantes a buscar protección en otros lugares en lugar de en Estados Unidos.
Al aprovechar los acuerdos bilaterales con países como Honduras, Uganda, Ecuador y Guatemala, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está presentando mociones para “preterminar” casos, argumentando que los solicitantes de asilo deberían solicitar asilo primero en estos países.
Los datos revelan una marcada escalada: solo en noviembre de 2025, se presentaron casi 5000 mociones de desestimación, frente a los pocos cientos mensuales de principios de año. A principios de diciembre, se habían presentado más de 8 mil mociones de este tipo en todo el país, dirigidas a tribunales de grandes ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles.
Esta iniciativa se alinea con la meta de Trump de un millón de deportaciones anuales, proyectando 600.000 expulsiones para fin de año, superando el récord de Obama de 400.000.
Un alto funcionario de la administración enfatizó: “El asilo no fue diseñado para proporcionar a las personas una vía clandestina para llegar al país de su elección”.
Partidarios, como Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, argumentan que disuade las solicitudes “falsas” al aplicar las reglas de primer país seguro.
Sin embargo, los críticos advierten sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo infracciones de no devolución, a medida que los migrantes se enfrentan a la deportación a países desconocidos y potencialmente inseguros.
