La administración Trump ha propuesto incluir una pregunta sobre ciudadanía en una prueba de campo para el Censo de EE. UU. de 2030, reavivando el debate sobre inmigración y representación.
Esta medida, detallada en un documento reglamentario, implica el uso del formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), que ya pregunta sobre el estatus de ciudadanía, y que se realiza en Huntsville, Alabama, y Spartanburg, Carolina del Sur.
La pregunta dice: “¿Es esta persona ciudadana de los Estados Unidos?”.
Esta iniciativa surge de la directiva del presidente Trump de agosto de 2025 al Departamento de Comercio, que instruía a la Oficina del Censo a excluir a los inmigrantes indocumentados de los recuentos de población utilizados para la distribución de votos en el Congreso y el Colegio Electoral.
Históricamente, el censo no ha incluido una pregunta sobre ciudadanía durante 75 años, y un intento similar durante el primer mandato de Trump fue bloqueado por la Corte Suprema en 2019, alegando pretextos.
Los partidarios argumentan que garantiza una representación justa al contar solo a los ciudadanos, en consonancia con los esfuerzos republicanos por rediseñar los mapas electorales.
Los críticos, incluyendo demócratas y expertos en censos, advierten que podría suprimir la participación de las comunidades inmigrantes, lo que provocaría subregistros que distorsionarían la financiación federal y el poder político.
“La amenaza de Trump de añadir una pregunta sobre la ciudadanía al censo negaría representación a las comunidades”, declararon los demócratas.
En redes sociales, las reacciones varían, y algunos partidarios de Trump elogian la pregunta “prohibida” como una medida audaz.
Los resultados de la prueba servirán de base para el censo de 2030, cuyo informe al Congreso se presentará en 2027.
Este avance subraya las tensiones actuales sobre quiénes cuentan en la democracia estadounidense.
