El 24 de septiembre de 2025, un tiroteo interrumpió la rutina en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, en lo que las autoridades describieron como un ataque selectivo con un francotirador perpetrado por Joshua Jahn, de 28 años, un extremista antiinmigrante declarado que posteriormente se suicidó.
Jahn, desde una azotea cercana, disparó contra una camioneta de transporte que transportaba detenidos encadenados, cobrándose la vida de tres migrantes latinos en un acto de violencia sin sentido en medio de una creciente retórica antiinmigrante.
El FBI lo calificó de terrorismo doméstico, pero para las familias de las víctimas, fue una traición del sistema que se supone debe “proteger”.
2 fallecidos repatriados, 2 familias rotas que piden respuestas al gobierno federal
Los asesinados eran hombres comunes atrapados en el laberinto migratorio de Estados Unidos. Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años y originario de Jiquilisco, El Salvador, murió instantáneamente por una herida de bala. Trabajador de un servicio de árboles que había vivido en Dallas durante cinco años, fue detenido apenas unas horas antes por cargos menores.
Sus restos fueron repatriados a El Salvador, donde su familia lo enterró el 14 de octubre en medio de protestas emotivas. Su hermana denunció la falta de notificación oportuna por parte del ICE: “Vino en busca de una vida mejor, no de este horror”.
Miguel Ángel García Hernández, de 32 años y originario de San Luis Potosí, México, se aferró a la vida durante seis días, tras recibir cuatro disparos, uno en el cuello, mientras se encontraba inmovilizado. Le desconectaron el soporte vital el 29 de septiembre y falleció, dejando a su esposa embarazada en Dallas, quien se enteró de su destino días después a través de los medios de comunicación. Una campaña de GoFundMe ha recaudado más de 80.000 dólares para su viuda.
El único sobreviviente, José Andrés Bordones-Molina, de 33 años y originario de Venezuela, sufrió heridas de bala, pero fue dado de alta del hospital a principios de octubre, solo para ser devuelto a la custodia del ICE.
Su familia, a través de LULAC, exige su liberación y califica la nueva detención tras lo sucedido de “cruel”.
Un trágico suceso que vuelve a poner la mirada en las prácticas del ICE
Vigilias en Dallas y en el extranjero, desde Jiquilisco hasta San Luis Potosí, resuenan con reclamos de rendición de cuentas: ¿Por qué no hay alertas? ¿Por qué grilletes en tránsito? Mientras CARECEN y grupos de derechos de los migrantes demandan al ICE por negligencia, estas muertes exponen el lado oscuro de la detención. Norlan y Miguel no eran criminales; Eran soñadores, enviados a casa en ataúdes.
Mientras tanto, imploran las familias tanto de los fallecidos como de los cientos de retenidos en cárceles migratorias justicia, trato humano y equidad.
