El pasado lunes, en el día 41 del histórico cierre del Gobierno federal, el más largo de la historia, se vislumbraba el fin, ya que el Senado aprobó por 60 votos a favor y 40 en contra una ley de financiación bipartidista, que se envió a la Cámara de Representantes para su posible votación el miércoles.
La medida prorroga las operaciones hasta el 30 de enero de 2026, evitando recortes más profundos, pero financiará el SNAP hasta Septiembre de 2026.
Provocado por la expiración de la financiación el 30 de septiembre, el estancamiento ha dejado sin trabajo a casi un millón de personas y ha colapsado servicios relacionados al tráfico aéreo, parques nacionales, educación, entre otros, en todo el país.
En Georgia, los efectos se sienten en los hogares y la educación de miles de familias
En Georgia, las repercusiones son graves: las pérdidas semanales superan los 450 millones de dólares, lo que supone un total de casi 2000 millones de dólares al mes, y afectan a los empleados federales, los contratistas y las pequeñas empresas.
Las prestaciones del SNAP, un salvavidas para 1,4 millones de georgianos, se tambalearon ante la crisis: las directivas iniciales recortaron los pagos de noviembre al 65 %, lo que provocó una avalancha en los bancos de alimentos.
En Savannah, donde 14736 hogares dependen de la ayuda, la ciudad puso en marcha la distribución de 1400 cajas de alimentos en todos los distritos, en colaboración con Second Harvest.
Mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, vuelve a convocar a los legisladores, los más vulnerables de Georgia y del país continúan asumiendo el coste de sus indecisiones.
