En una histórica decisión de 2 a 1, emitida el 6 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. ratificó la política de la administración Trump, que permite la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados sin audiencias de fianza, lo que representa una victoria significativa para la agenda de control migratorio del presidente.
Este fallo revierte un precedente de casi 30 años según el cual los extranjeros arrestados fuera de la frontera, sin antecedentes penales ni riesgo de fuga, podían solicitar la libertad bajo fianza durante los procedimientos de deportación.
La política, implementada en julio de 2025, interpreta la Ley de Inmigración y Nacionalidad para ordenar la detención de “extranjeros no admitidos” detenidos en cualquier lugar de EE. UU., independientemente de la duración de su residencia.
La jueza de circuito Edith Jones, a la que se sumó el juez Kyle Duncan, declaró que las prácticas discrecionales de las administraciones anteriores no limitan la autoridad actual.
Dicha decisión contradice más de 3000 fallos de tribunales inferiores que rechazan la política, lo que podría afectar a millones de personas en Texas, Luisiana y Misisipi.
Por su parte, la jueza disidente Dana Douglas argumentó que el fallo podría detener a dos millones de personas, incluyendo familiares de ciudadanos estadounidenses, anulando la intención del Congreso y equiparando la frontera a “todo lugar”.
Críticos, incluyendo la ACLU y juristas como Steve Vladeck, lo denunciaron como una extralimitación “odiosa” por parte de jueces conservadores, pronosticando una revisión por parte de la Corte Suprema en medio de las divisiones en el circuito.
Los partidarios celebraron el resultado: la fiscal general Pam Bondi lo calificó de “golpe contra los jueces activistas”, mientras que la secretaria del DHS, Kristi Noem, lo elogió por reivindicar los esfuerzos de aplicación de la ley.
