El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en Trump v. Barbara (6-3) que la Orden Ejecutiva 14160 del presidente Donald Trump, que buscaba limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento (birthright citizenship), es inconstitucional.
El fallo, escrito por el presidente del tribunal John Roberts, ratifica que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres (indocumentados o con visa temporal).
La Corte reafirmó el precedente de United States v. Wong Kim Ark (1898) y rechazó la interpretación del Gobierno de que “sujeto a la jurisdicción” excluye a hijos de no residentes permanentes.
Los tres votos disidentes (Thomas, Gorsuch y Alito) argumentaron por una lectura más restrictiva, pero la mayoría defendió que la enmienda post-Guerra Civil busca una ciudadanía amplia como “el derecho a tener derechos”.
Esta decisión representa una victoria para defensores de derechos civiles y un revés para la agenda migratoria de Trump, quien firmó la orden el primer día de su segundo mandato. Organizaciones como ACLU y NAACP LDF celebraron el fallo como protección constitucional.
El caso refuerza un principio de más de 150 años, limitando la capacidad ejecutiva para reinterpretar la Constitución sin enmienda.
