En una escalada encubierta de la aplicación de la ley de inmigración, la administración Trump ha convertido los aeropuertos estadounidenses en centros de deportación de facto desde marzo de 2025.
Bajo un programa poco conocido, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) comparte los manifiestos de pasajeros varias veces por semana con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que permite arrestos de personas con órdenes de deportación definitivas.
Esta iniciativa de intercambio de datos, revelada por The New York Times, marca un cambio drástico con respecto a la histórica aversión del ICE a interrumpir los viajes aéreos nacionales, transformando los vuelos de rutina en zonas de aplicación de la ley de alto riesgo.
El funcionamiento del programa es escalofriantemente eficiente: la TSA recopila listas después de la reserva, que el ICE coteja con su base de datos de deportaciones. Los viajeros señalados se enfrentan a agentes en las puertas de embarque, a menudo en áreas seguras donde el escape es imposible.
Los documentos muestran que el Centro de Respuesta de Aplicación de la Ley del Pacífico en California envía avisos diarios, incluidos detalles de vuelos y fotos de pasajeros, lo que resulta en una tasa de arrestos del 75% en algunas regiones.
Ningún caso ejemplifica mejor el costo humano que el de Any López, la joven estudiante que fue deportada a Honduras tras intentar visitar a su familia para Thanksgiving.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que incentiva la deportación voluntaria: “La única razón por la que deberían viajar en avión es para deportarse voluntariamente a sus países de origen”, declaró la portavoz Tricia McLaughlin.
