En un avance significativo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) confirmó que el agente Charles Exum, quien disparó cinco veces a Marimar Martínez, residente de Chicago, durante un operativo de inmigración en octubre de 2025, ha sido suspendido administrativamente.
Esta medida se produce en medio de la creciente presión del equipo legal de Martínez, el escrutinio público y la publicación de nuevas pruebas que desafían la versión inicial del gobierno.
El incidente ocurrió el 4 de octubre de 2025 en el barrio de Brighton Park de Chicago durante la “Operación Midway Blitz”, una ofensiva antimigratoria liderada por la administración Trump.
Nuevo video muestra una contradicción entre la versión oficial y lo que sucedió con Marimar. El agente se enorgullece de haberle disparado
Martínez, ciudadana estadounidense de 30 años y asistente de maestra, siguió a agentes federales en su vehículo mientras alertaba a los demás gritando “La Migra”, jerga para referirse a los agentes de inmigración.
Las autoridades afirmaron que embistió su vehículo, lo que provocó que Exum disparara en defensa propia.
Sin embargo, las imágenes de la cámara corporal, publicadas el 10 de febrero de 2026, muestran a agentes con armas desenfundadas dentro de su vehículo, uno de ellos diciendo: “Es hora de ponerse agresivos”, antes de una colisión.
El video no muestra a Martínez embistiendo a los agentes; en cambio, sugiere que estos pudieron haber iniciado el contacto.
Los mensajes de texto de Exum posteriores al tiroteo lo revelaron alardeando: “Disparé 5 balas y ella tenía 7 agujeros. ¡Apúntenlo, chicos!”, en un chat grupal.
Los cargos federales contra Martínez por agredir a agentes fueron desestimados en noviembre de 2025 después de que las pruebas contradijeran las acusaciones.
Martínez, quien sobrevivió a heridas en brazos, piernas y pecho, testificó ante el Congreso el 3 de febrero de 2026, describiendo la experiencia como un “intento de ejecución” por parte de su propio gobierno.
Planea presentar una demanda contra el DHS y Exum bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, alegando declaraciones falsas y uso excesivo de la fuerza.
La medida se produce tras semanas de presión y atención mediática. Este caso pone de relieve la preocupación constante sobre la rendición de cuentas en las operaciones federales de inmigración.
