El gobierno estadounidense ha recaudado más de mil millones de dólares en tasas de inmigración, mientras se niega a procesar o deniega aproximadamente dos millones de solicitudes de ciudadanos de 92 países, dejando a los solicitantes en un limbo indefinido sin reembolsos ni explicaciones.
Un informe del Instituto Cato de marzo de 2026, elaborado por David J. Bier y difundido por el investigador de inmigración Austin Kocher, detalla cómo tres políticas de la administración Trump —una proclamación presidencial de diciembre de 2025, un memorando del USCIS y directrices del Departamento de Estado— bloquean las visas de inmigrante para los nacionales de estos países, afectando a cerca de la mitad de todos los inmigrantes legales.
Los cubanos son los más afectados, con casi un millón de solicitudes congeladas por un valor de 543 millones de dólares. Les siguen los venezolanos con 239.000 casos y 138 millones de dólares en tasas. Los nigerianos, afganos, haitianos e iraníes también se ven gravemente afectados.
Se siguen cobrando las tasas por patrocinios familiares, ajustes de estatus y permisos de trabajo —a menudo 2675 dólares o más por caso—, pero, según informes, se les ha ordenado a los funcionarios consulares que no informen a los solicitantes sobre las prohibiciones.
La administración también ha restringido los datos públicos de inmigración.
Bier y Kocher lo califican como el mayor fraude de tasas en la historia de la inmigración estadounidense, argumentando que las solicitudes deberían denegarse directamente en lugar de quedar paralizadas en silencio.
Los críticos exigen al Congreso reformas para garantizar la tramitación sin discriminación por nacionalidad.
Ya se han presentado demandas para impugnar las congelaciones de visas relacionadas.
