Durante la tarde de hoy martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) anunció los resultados de la Operación Centinela de las Carreteras, que culminó con el arresto de más de 100 camioneros indocumentados en California.
La operación, realizada los días 10 y 11 de diciembre de 2025, se centró en titulares de licencias de conducir comerciales (CDL). De acuerdo con la agencia, algunos de ellos eran migrantes indocumentados que contaban con licencias de conducir falsas y algunos de ellos de países como México, India, Rusia y otros.
Los funcionarios de ICE culparon a las políticas de estado santuario de California, promulgadas durante el gobierno de Gavin Newsom, de permitir que inmigrantes indocumentados obtuvieran CDL, lo que supuestamente contribuyó a accidentes mortales: “Las políticas de estado santuario de Gavin Newsom están costando vidas estadounidenses”, declaró la subdirectora de ICE, Madison Sheahan.
La redada se centró en el condado de Riverside y otras áreas, y los arrestos ascendieron a al menos 101, según informes.
Funcionarios y ONGs denuncian que algunos camioneros arrestados contaban con residencia y permisos de trabajo
Quienes la apoyan la elogian como un paso hacia carreteras más seguras, haciendo hincapié en la deportación de “extranjeros ilegales delincuentes” bajo la dirección de la Secretaria del DHS, Kristi Noem, y el Secretario de Transporte, Sean Duffy.
Sin embargo, los críticos argumentan que la operación ignora cuestiones más amplias, como las regulaciones para el transporte de camiones, y caracteriza erróneamente a los conductores. La Oficina del Gobernador de California replicó que muchos de los arrestados tenían presencia legal y autorización de trabajo, cuestionando la etiqueta de “inmigrante ilegal”.
Esta iniciativa refleja las tensiones actuales entre las autoridades federales y las políticas estatales.
A medida que aumentan las deportaciones, la Operación Centinela de Carreteras subraya la división en la política migratoria estadounidense, con implicaciones para la seguridad pública y los sectores económicos que dependen de la mano de obra inmigrante.
