En una escalada sin precedentes de tensiones diplomáticas y legales, el Gobierno de México anunció que prepara una serie de denuncias penales y demandas civiles ante el sistema judicial estadounidense tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en los últimos 18 meses.
Entre las víctimas se encuentran tres personas fallecidas durante redadas y 14 migrantes que murieron mientras se encontraban detenidos en centros federales administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Esta decisión marca un cambio definitivo, pasando de las protestas diplomáticas tradicionales a acciones legales directas y contundentes.
El punto de inflexión para el gobierno fue el asesinato a tiros de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción de 52 años, a manos de un agente del ICE durante un control de tráfico en Houston, Texas.
Una estrategia legal integral
Roberto Velasco, Subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América del Norte, delineó un marco judicial integral que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) implementará junto con la Fiscalía General de la República (FGR):
– Denuncias penales federales y estatales: México solicitará formalmente investigaciones penales a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y las fiscalías estatales locales para determinar la responsabilidad penal de los agentes involucrados en enfrentamientos letales en el terreno.
– Litigios civiles contra contratistas privados: El gobierno mexicano planea presentar demandas civiles contra corporaciones penitenciarias privadas contratadas por ICE para administrar centros de detención. Las demandas alegarán negligencia médica grave y fallas sistémicas en materia de DDHH.
– Tribunales internacionales de derechos humanos: Más allá de las fronteras de Estados Unidos, México solicitará medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentará quejas formales ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR).
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó públicamente el patrón de muertes, calificando la ofensiva legal como una medida necesaria para proteger los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero.
