En un cambio significativo en la aplicación de la ley migratoria, un memorando interno filtrado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) autoriza a los agentes a entrar por la fuerza en residencias privadas sin una orden judicial, basándose únicamente en órdenes administrativas conocidas como I-205 para arrestos que impliquen órdenes de deportación definitivas emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración, un juez de distrito o un magistrado.
Con fecha del 12 de mayo de 2025 y firmada por el director interino Todd Lyons, el documento revierte décadas de directrices que respetaban las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables.
Los agentes deben llamar a la puerta y anunciarse, pero si se les niega la entrada, pueden usar la fuerza necesaria y razonable entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.
Esta política, obtenida por The Associated Press, se deriva de una determinación de la Oficina del Asesor General del Departamento de Seguridad Nacional de que las leyes constitucionales y estatutarias permiten tales acciones.
El memorándum cambia décadas de prácticas legales en favor a las deportaciones masivas
Durante años, defensores de los inmigrantes, grupos de asistencia legal y gobiernos locales han instado a las personas a no abrir sus puertas a los agentes de inmigración a menos que se les muestre una orden judicial firmada por un juez.
Esta guía se basa en fallos de la Corte Suprema que, por lo general, prohíben a las fuerzas del orden entrar en un domicilio sin autorización judicial.
La directiva del ICE socava directamente esa recomendación y coincide con la ofensiva de deportación masiva de la administración Trump, ejemplificada por una redada del 11 de enero de 2026 en Minneapolis, donde agentes derribaron una puerta para arrestar a Garrison Gibson, un inmigrante liberiano, utilizando únicamente una orden administrativa.
Los defensores temen que erosione las protecciones para las comunidades inmigrantes, mientras que el DHS la defiende por estar alineada con el debido proceso y la causa probable.
