Un cuarto juez federal bloquea la orden de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, uniéndose a otros tribunales en contra de la medida que consideran inconstitucional e inhumana.
Un cuarto juez federal se ha unido a los tribunales que han bloqueado la orden ejecutiva del presidente Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. El juez de distrito Leo Sorokin, de Massachusetts, considera que el grupo de estados y organizaciones sin fines de lucro que han presentado una demanda probablemente prevalecerá en sus reclamos.
Los demandantes argumentan que la orden ejecutiva viola la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que otorga la ciudadanía por nacimiento.
Este bloqueo se suma a los emitidos por jueces de Maryland, Washington y New Hampshire, y se ha presentado el recurso de apelación ante tribunales de apelación en San Francisco y Richmond, Virginia.
Hasta el momento, al menos 8 demandas han sido presentadas en todo el país contra la orden ejecutiva de Trump, que niega la ciudadanía a niños nacidos de madres que se encuentran en el país ilegalmente o con visados temporales.
Las decisiones de los jueces federales se basan en un caso de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en el que se estableció que una persona nacida en Estados Unidos de inmigrantes chinos era ciudadana según la Constitución. Sorokin también mencionó este precedente y señaló que la administración podría intentar revisar el caso, pero sería un asunto para la Corte Suprema.
Ciudadanía por derecho de nacimiento: Los jueces federales concuerdan que Trump desea cambiar un derecho constitucional centenario mediante una orden ejecutiva, perjudicando miles de familias en el proceso
En el caso presentado en Seattle, el juez de distrito John C. Coughenour también criticó las acciones tomadas por la nueva administración, asegurando que el presidente estaba tratando de cambiar la Constitución mediante una orden ejecutiva.
Un tercer juez federal en Maryland emitió una suspensión a nivel nacional sobre la orden en un caso similar que involucra a grupos de derechos de inmigrantes y mujeres embarazadas. La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no tienen derecho a la ciudadanía, pero los estados argumentan que sí, basándose en el principio del jus soli o “derecho del suelo”.
Al respecto, el juez Sorokin señala que el derecho a la ciudadanía norteamericana: «es una garantía constitucional fundamental y todos los privilegios que conlleva». «La pérdida de la ciudadanía por derecho de nacimiento -incluso si es temporal y se restablece posteriormente al concluir el litigio- tiene efectos en cascada que afectarían a la vida de un niño pequeño (y a la vida de su familia), dejando muy probablemente cicatrices permanentes».
Estados Unidos es 1 de los 30 países en los que se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, siendo Canadá y México ejemplos de ello.
