La nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 19 de mayo de 2026, titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, ha generado fuerte preocupación en la comunidad inmigrante por su posible impacto en el envío de remesas.

La medida instruye a los bancos y reguladores federales (Tesoro, FDIC, OCC y Reserva Federal) a aumentar el escrutinio sobre clientes sin estatus legal migratorio al abrir cuentas, solicitar tarjetas de crédito o préstamos.

Se prestará especial atención al uso de ITIN (sin verificación de presencia legal), depósitos y retiros frecuentes de montos pequeños, y transferencias al exterior.

Aunque la orden no menciona directamente las remesas, inmigrantes temen que el reforzamiento en la revisión de estatus migratorio complique o limite el envío de dinero a sus familias en el extranjero.

Algunos abogados e integrantes de la comunidad hispana expresaron preocupación por posibles trabas y desconfianza hacia el sistema bancario.

La Casa Blanca argumenta que busca mitigar riesgos crediticios y combatir fraude, lavado de dinero y tráfico laboral.

Las agencias tienen hasta 180 días para emitir las guías definitivas.

La administración Trump anunció un aumento significativo en las multas para ciertos migrantes por costos de deportación.

Próximamente, quienes ignoren una orden de deportación definitiva y sean arrestados posteriormente por el ICE podrían enfrentar una multa de $18,000.

Según una propuesta de reglamento publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 20 de mayo de 2026, la multa, que se incrementó de los $5.130 actuales, busca recuperar el costo promedio de localizar, detener y deportar a una persona.

La multa se aplica principalmente a los migrantes cuya deportación se ordenó en ausencia (aquellos que no se presentaron a sus audiencias ante el tribunal de inmigración).

Esta multa civil no se aplica a todos los migrantes que enfrentan la deportación, sino solo a aquellos con órdenes de deportación definitivas previas que fueron posteriormente detenidos.

Las autoridades afirman que el aumento en el monto incentivará la autodeportación y disuadirá futuras infracciones.

Quienes paguen (o deban) la multa también enfrentarán grandes obstáculos si intentan regresar legalmente a Estados Unidos.

Se aceptan comentarios del público sobre la propuesta hasta el 22 de junio de 2026.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense” el 19 de mayo de 2026, en la que ordena a los bancos y reguladores federales intensificar el escrutinio sobre las personas sin estatus migratorio legal que intenten abrir cuentas, obtener tarjetas de crédito o préstamos.

La orden instruye al Departamento del Tesoro, la FDIC, la OCC y la Reserva Federal a emitir directrices que identifiquen “señales de alerta”, como el uso excesivo de Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN) sin presencia legal verificada, identificaciones consulares extranjeras, salarios no declarados y posible trata de personas con fines de explotación laboral.

La administración cita los riesgos crediticios que se producen si los prestatarios son deportados y no pueden pagar sus deudas, argumentando que estos costos se trasladan a los consumidores estadounidenses.

Si bien los borradores anteriores contemplaban la recopilación obligatoria de información sobre la ciudadanía, la versión final es más limitada y se centra en una mayor diligencia debida en lugar de controles universales.

Grupos bancarios, incluida la Asociación de Banqueros Estadounidenses, advierten que esto podría aumentar los costos de cumplimiento, complicar los procesos y limitar el acceso financiero para millones de personas. Se esperan directrices en las próximas semanas.

Los críticos temen efectos negativos en el sector bancario, mientras que sus defensores lo consideran una medida necesaria para la seguridad nacional y la integridad financiera.

A partir del 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará una nueva regla que endurece los requisitos de firmas en todos los trámites migratorios.

Según la norma provisional final publicada el 11 de mayo de 2026 en el Registro Federal, USCIS podrá rechazar o denegar cualquier solicitud (I-130, I-485, I-140, etc.) si determina que la firma es inválida, incluso después de haber aceptado el caso.

Además, la agencia podrá retener las tarifas pagadas.

¿Qué se considera firma válida?

• Firma manuscrita original en tinta húmeda (wet-ink).
• Copias escaneadas, fotocopias o faxes de un documento que fue firmado físicamente con tinta.

Firmas inválidas

Estampadas, mal hechas, generadas por software, copiadas y pegadas, mecanografiadas o realizadas por personas no autorizadas.

Cada formulario debe tener su propia firma original; no se aceptan reproducciones del mismo documento

Abogados migratorios recomiendan auditar procesos inmediatamente y guardar los originales firmados en tinta.

De acuerdo con las autoridades federales, la regla busca reducir fraudes y estandarizar las revisiones.

Un exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha compartido experiencias de discriminación racial dentro de la agencia, afirmando que, en ocasiones, sus compañeros confundían a agentes hispanos con detenidos debido a su apariencia.

En una entrevista reciente con el periodista independiente Andrew Callaghan, el exagente, quien se identifica como hispano y nativo americano, describió varios incidentes.

Relató que sus supervisores le advirtieron al inicio de su carrera que se mantuviera cerca de otros agentes, ya que agentes hispanos habían sido detenidos o confundidos con detenidos por la policía local o incluso por otros miembros del ICE.

El incidente más notorio ocurrió en una oficina del ICE en Charlotte, Carolina del Norte. Según el agente, otro oficial lo señaló y le dijo: “¡Oye, pon a ese moreno en la fila con los demás detenidos!”. Tuvo que levantarse la capucha para mostrar sus credenciales y su placa y demostrar que era agente.

El relato se ha vuelto viral en las redes sociales y pone de manifiesto los problemas internos y los prejuicios dentro de las operaciones de control migratorio.