En un fallo significativo emitido el 13 de febrero de 2026, el juez federal Richard G. Stearns del Distrito de Boston ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar el retorno de Any Lucía López Belloza, una estudiante hondureña de 19 años de Babson College, a Estados Unidos dentro de un plazo de dos semanas.

López Belloza fue deportada a Honduras en noviembre de 2025, a pesar de una orden judicial de emergencia que bloqueaba su remoción, lo que el gobierno admitió como un “error” burocrático.

El caso comenzó cuando López Belloza, quien viajaba desde Boston a Texas para celebrar Acción de Gracias con su familia, fue detenida por ICE en el Aeropuerto Logan.

Un juez emitió una orden para detener la deportación por 72 horas, pero fue ignorada, y la joven fue enviada a Honduras dos días después.

Un juez federal le da 2 semanas al gobierno para presentar un plan para su regreso, o se podría emitir una orden de desacato civil

En su orden, Stearns calificó el incidente como un “error trágico” y enfatizó que era hora de “hacer enmiendas”, amenazando implícitamente con desacato si no se cumple.

Inicialmente, la administración rechazó otorgarle una visa de estudiante, argumentando que era “inviable”. Ahora, el gobierno debe presentar un informe de progreso la próxima semana detallando los pasos para su regreso.

López Belloza, quien estudiaba negocios, expresó esperanza de continuar su educación en EE.UU. El fallo representa un revés para la administración, que ha priorizado deportaciones estrictas.

Hasta ahora, no hay confirmación de cumplimiento, pero el plazo expira el 27 de febrero.

En una sorprendente muestra de independencia judicial, los jueces federales, incluyendo muchos nombrados por el presidente Donald Trump, rechazan en gran medida la agresiva política de control migratorio de la administración.

Implementada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la estrategia exige la detención sin audiencias de fianza para inmigrantes indocumentados arrestados en el interior de Estados Unidos, independientemente de su tiempo de residencia o ausencia de antecedentes penales.

Esta reinterpretación de leyes con décadas de antigüedad ha provocado una avalancha de demandas, desbordando los tribunales federales de todo el país.

Un análisis exhaustivo revela que 373 jueces federales han fallado en contra de la política, en comparación con solo 28 que la han ratificado.

Entre los jueces nombrados por el propio Trump, 44 se han pronunciado en contra de la administración, lo que pone de relieve un consenso judicial bipartidista sobre el derecho al debido proceso.

Los críticos argumentan que la política contradice el lenguaje legal y tres décadas de precedentes, lo que da lugar a detenciones indefinidas y a problemas constitucionales.

La justicia y la legalidad predominan ante la presión de la Administración Trump para aumentar las deportaciones

Sin embargo, la administración obtuvo una victoria poco común cuando un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las detenciones sin fianza en una decisión de 2 a 1, revirtiendo las órdenes de tribunales inferiores y posiblemente allanando el camino para la revisión de la Corte Suprema.

Este fallo, respaldado por dos jueces nominados por el Partido Republicano, se destaca como un caso excepcional en medio de rechazos generalizados. La política ha sobrecargado los recursos judiciales, y los jueces acusan al ICE de desafiar las órdenes de liberación al trasladar a los detenidos a otros estados.

Según informes, las muertes de detenidos se triplicaron a 32 el año pasado, lo que ha generado indignación.

Los expertos legales predicen una escalada de tensiones, con posibles implicaciones en reformas migratorias y judiciales bajo el gobierno de Trump.

En 2025, un récord del 28% de los casos de deportación de inmigrantes detenidos finalizados terminaron en salida voluntaria, la tasa más alta en décadas, según un análisis de registros judiciales realizado por CBS News.

Esta cifra aumentó de forma constante, alcanzando el 38% en diciembre, a medida que los detenidos abandonaban cada vez más sus casos debido a la disminución de las esperanzas de liberación o victoria judicial.

Hacinamiento en centros de detención migratorios, humillaciones, casos que se extienden por meses son algunos de los factores que lleva a los migrantes a tomar la decisión de irse

Este aumento está vinculado a la agresiva represión de la administración Trump, que amplió la detención obligatoria para las entradas ilegales a nivel nacional y restringió la autoridad de los jueces para otorgar fianzas.

Las aprobaciones de fianzas se desplomaron del 59% al 30% en 2024, mientras que las tasas de concesión de asilo cayeron del 50% al 29% en diciembre.

La detención por parte del ICE aumentó a un récord de 73.000 personas a mediados de enero de 2026, lo que exacerbó el hacinamiento y las condiciones inhumanas que, según los expertos, erosionan la determinación de los detenidos.

Inmigrantes como Vilma Palacios, detenida durante seis meses a pesar de décadas en Estados Unidos, describieron su agotamiento emocional: “Me lo arrebataron todo… No veía que no tuviera otra opción que decir: ‘Bueno, por favor, devuélvanme mi libertad'”.

Los abogados señalan que las bajas tasas de éxito y el aislamiento prolongado llevan a muchos a optar por la salida voluntaria, evitando las penas más severas de la deportación formal.

Datos más amplios del Brookings Institution estiman 40.000 salidas voluntarias ordenadas por tribunales en 2025, además de hasta 405.000 salidas voluntarias adicionales en medio de presiones policiales, lo que contribuye a una migración neta negativa por primera vez en medio siglo.

Human Rights First informa un récord de 1.464 vuelos de control migratorio solo en septiembre de 2025, lo que pone de relieve la magnitud de las operaciones.

Esto subraya un cambio de política que prioriza la deportación masiva con un alto coste humano, ya que los detenidos se enfrentan a detenciones indefinidas y vidas destrozadas, mientras que los defensores de los DDHH advierten sobre las violaciones al debido proceso y las separaciones familiares.