En un fallo histórico, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó que la administración de Donald Trump no puede encarcelar a inmigrantes de forma indefinida y obligatoria sin otorgarles el derecho constitucional a una audiencia de fianza.
La decisión unánime de los tres jueces representa un freno contundente a la política de “detención masiva” impulsada por la Casa Blanca.
El tribunal determinó que el gobierno realizó una interpretación errónea e inconstitucional de las leyes migratorias de 1996 al intentar eliminar las audiencias para cualquier persona que hubiera ingresado de forma irregular. Según el fallo, permitir detenciones sin revisión judicial desestabilizaría comunidades y separaría familias de manera arbitraria, violando el debido proceso garantizado por la Constitución.
Esta resolución genera un conflicto legal directo con los circuitos Quinto y Octavo, que anteriormente respaldaron las medidas de control migratorio estricto del Ejecutivo. Ante la división de criterios entre tribunales, los expertos anticipan que el caso llegará a la Corte Suprema para definir el alcance de la detención obligatoria de personas con ingresos irregulares.
Por ahora, el fallo asegura que miles de detenidos sin antecedentes penales tengan la oportunidad de solicitar su libertad mientras sus casos avanzan.
Es una victoria significativa para los defensores de derechos civiles que buscaban frenar el encarcelamiento automático de muchos residentes.
