Durante la tarde de hoy, se dio a conocer que la SB21, un proyecto de ley que busca obligar a los gobiernos locales, sheriffs, oficiales de policía y escuelas públicas a colaborar en los operativos especiales migratorios ha sido aprobado en su segunda lectura por el Senado y se encuentra en el camino hacia la Cámara de Representantes.
Conocido por el nombre de SB21, constituye una serie de enmiendas que buscan modificar el Capítulo 80 del Título 36 del Código Oficial de Georgia con el fin de revocar los principios de inmunidad ofrecidos a alcaldías, gobiernos locales, departamentos de policía y demás entidades dependientes del gobierno estatal con el que se protegían de participar de los operativos migratorios especiales actuales.
Respaldada por al menos 20 representantes, el objetivo final es ejercer presión sobre las entidades y los funcionarios para que “atiendan las solicitudes de retención de inmigrantes emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional”.
Adicionalmente, se busca eliminar la figura de santuarios para migrantes locales y sus posibles políticas relacionadas con el fin de ofrecer mayor apoyo a las autoridades federales con respecto a las operaciones de búsqueda y detención de inmigrantes ilegales.
SB21: Un proyecto de Ley que aumenta la presión en organismos locales y en las comunidades migrantes
En la introducción de la SB21 se puede leer lo siguiente:
“Modificar el Capítulo 80 del Título 36 del Código Oficial de Georgia Anotado, relativo a las disposiciones generales aplicables a condados, corporaciones municipales y otras entidades gubernamentales, a fin de renunciar a las inmunidades soberanas y gubernamentales de los gobiernos locales y sus funcionarios y empleados (…); enmendar el Artículo 1 del Capítulo 4 del Título 42 del Código Oficial de Georgia Anotado, relativo a las disposiciones generales sobre las cárceles, a fin de exigir a los alguaciles, carceleros y ayudantes del sheriff que atiendan las solicitudes de retención de inmigrantes emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional”
El proyecto de ley no solamente busca revocar la inmunidad de los gobiernos, sus instituciones y funcionarios en caso de negarse a cooperar con el DHS; además de imponer penas a dichos funcionarios – los cuales pueden terminar siendo demandados o despedidos – si llegan a negarse a participar en los operativos especiales de detención de migrantes indocumentados de entidades federales como el ICE y el DHS.
“En el caso de que un alguacil, carcelero o ayudante actúe en violación de esta sección del Código, el mismo renuncia a la inmunidad soberana y otras inmunidades gubernamentales con las que contaba hasta el momento dicho alguacil, carcelero o ayudante en todos los asuntos que surjan o resulten de la violación de esta sección del Código”
De acuerdo a algunos analistas, de aprobarse la ley algunos docentes podrían verse sobrepasados por demandas legales si llegasen a negarse a ofrecer información sobre el estatus migratorio de sus estudiantes o los padres de los estudiantes a las autoridades: “Debido a que nuestras leyes de santuario son tan amplias, el maestro que opta por no revelar al ICE que ese niño, o los padres de ese niño son indocumentados, ello podría ser considerado como ofrecerle un santuario a ese niño y por lo tanto si los hacen es una violación de esa ley”, dijo el senador Kim Jackson.
Por otro lado, la ley entraría en contradicción lo dictaminado por la Corte Suprema en 1982, que establece que todos los niños que residan en el país tienen derecho de acceder al sistema de educación pública y, por ende, los estados no pueden negarles ese derecho.
Opiniones encontradas
El promotor de esta ley, el Sen. Blake Tillery ha declarado en una entrevista que la SB21 busca eliminar la inmunidad de las entidades gubernamentales locales, para que puedan ser demandadas por los ciudadanos u otras entidades en caso de sufrir las consecuencias del crimen o violencia proveniente de migrantes indocumentados que comentan delitos en su comunidad.
Sin embargo, algunos compañeros no están de acuerdo. Piensan que con la aprobación de la HB1105 es más que suficiente para asegurarse que las autoridades colaboren con los organismos federales.
Las consecuencias económicas podrían ser devastadoras tanto para escuelas, como para docentes y otros organismos locales, lo que pondría mayor presión en el sistema. Por otro lado, haría crecer el ausentismo escolar, ya que los padres tendrían miedo de que sus hijos puedan sufrir las consecuencias.
La SB 21 fue aprobada en una votación de 5-3 a lo largo de las líneas del partido. Ahora va al Senado para una votación en el pleno.