El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá si la orden ejecutiva de Trump para restringir la ciudadanía automática por derecho de nacimiento es constitucional. Los jueces pospusieron cualquier decisión hasta que se escuchen los argumentos en mayo.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anunciado que escuchará el próximo mes de mayo los argumentos sobre el intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía automática por derecho de nacimiento.
La orden ejecutiva firmada por el presidente en enero de este año anima a los funcionarios a hacer caso omiso a la ciudadanía americana de los niños nacidos en Estados Unidos cuyo padre o madre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
Diversos demandantes, entre ellos fiscales generales estatales demócratas, defensores de los derechos de los inmigrantes y futuras madres, argumentan que la orden de Trump viola la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Esta enmienda establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana. La administración de Trump, por su parte, sostiene que la 14ª Enmienda no se aplica a los inmigrantes que están en el país ilegalmente o incluso a aquellos cuya presencia es legal pero temporal.
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El Procurador General de los Estados Unidos, John Sauer declaró en defensa a los argumentos de la administración de Trump que la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento refleja el significado original y la comprensión histórica de la cláusula de ciudadanía. El actual gobierno federal argumenta que la ciudadanía automática fomenta la inmigración ilegal y el “turismo de nacimiento”, en el que personas viajan a Estados Unidos sólo para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos.
Sin embargo, los jueces aun no han tomado una decisión sobre la solicitud de la administración de Trump para reducir el alcance de las medidas cautelares emitidas por jueces federales en Washington, Massachusetts y Maryland que han detenido la orden.
El Tribunal Supremo, compuesto por una mayoría conservadora de 6-3, ha decidido revisar el caso y ha fijado una fecha para los argumentos: el 15 de mayo. Si bien la administración no buscaba que el tribunal revise la constitucionalidad de la orden de Trump, esperan que se aborden las medidas cautelares emitidas por los jueces federales. Estas medidas pueden impedir que el gobierno aplique una política específica a cualquier persona.
Se espera que el Tribunal Supremo emita su sentencia a finales de junio o principios de julio.