Una acusación formal sustitutiva, dada a conocer el 15 de septiembre de 2026 en el Distrito Sur de Georgia, acusa a 5 personas de aprovechar el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales con el fin de traer de manera fraudulenta a trabajadores extranjeros a los Estados Unidos con fines de lucro.
Los acusados son:
– Martha Aquino (también conocida como «Martha Patricia Reséndez Sánchez» o «Marta»), de 61 años, de Alma, Georgia;
– Evangelina Aquino de Galván, de 49 años, de Alma; Julio Cervantes, de 38 años, de Alma;
– Marco Cervantes (también conocido como «Chiquilin»), de 41 años, de Rowlett, Georgia; y
– Juan Felipe Romero López, de 31 años, ciudadano mexicano acusado anteriormente de posesión ilegal de armas de fuego por parte de un extranjero en situación irregular.
1 de los acusados sigue prófugo. Se les acusa de también de amenazar a los migrantes y retenerles sus documentos
Según los documentos judiciales, el grupo presuntamente obtuvo visas temporales H-2A al mentir sobre los lugares de trabajo y las residencias previstas para los trabajadores.
Exigieron y recibieron pagos indebidos de los trabajadores antes de que se pudieran solicitar las visas o se iniciara el empleo, y no cumplieron con las normas del programa.
Una vez que vencieron las visas, algunos acusados presuntamente ayudaron a los trabajadores a permanecer en el país de manera ilegal o los reubicaron a cambio de cuotas adicionales.
“Los acusados presuntamente utilizaron el fraude y la intimidación para explotar a trabajadores vulnerables y socavar el programa de visas H-2A, un sistema diseñado para satisfacer las necesidades legítimas de mano de obra agrícola”, afirmó el inspector general Anthony P. D’Esposito, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE.UU. “Su conducta atroz incluyó exigir pagos indebidos, confiscar los documentos de identificación de los trabajadores y recurrir a amenazas o violencia para mantener el control”.
Aquino, Julio Cervantes y Marco Cervantes fueron arrestados esta semana. Aquino de Galván sigue prófugo. Romero López ya se encuentra bajo custodia.
Las posibles penas van desde hasta 5 años por conspiración, 10 años por fraude de visa, 10 años por incitar a la entrada ilegal y 15 años por el cargo de posesión de arma de fuego en contra de Romero López.
La fiscal federal Margaret E. “Meg” Heap declaró: “Quienes explotan a los trabajadores migrantes y abusan del programa de visas H-2A para su propio beneficio económico rendirán cuentas”.
Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad. El caso está siendo procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Georgia.