De acuerdo con diversos informes, la Administración Trump está recurriendo a contratistas privados para localizar a migrantes deportados en el extranjero y cobrar las multas civiles pendientes, con el objetivo de recaudar unos 423 millones de dólares adeudados a más de 66.300 personas expulsadas de Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. habría adjudicado contratos por un valor total de hasta 36 millones de dólares (9 millones cada uno) a cuatro empresas: Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group.
Estas empresas operarán principalmente en México, Honduras y Guatemala.
💳 ¿Cuál es el método de recolección? 💳
Los contratistas deben confirmar las direcciones mediante comprobaciones de datos y visitas presenciales, entregar notificaciones bilingües en las que se detallen las deudas y obtener selfies como prueba de entrega.
Se espera que el pago se realice a través de un portal en línea, aunque aún no está claro cómo se gestionará el caso de quienes no dispongan de cuentas bancarias en EE.UU.
Las sanciones se derivan de una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, inactiva desde hace tiempo, que permite imponer multas diarias (actualmente de 998 dólares) por no abandonar el país tras una orden de expulsión definitiva, con un límite máximo de cinco años y que pueden alcanzar aproximadamente 1,8 millones de dólares por persona. El DHS informa de que ha impuesto más de 84.000 millones de dólares en multas de este tipo en total, con un cobro limitado hasta la fecha.
🧾 Los operativos de recolección ya han iniciado 🧾
Un caso ilustrativo es el de Héctor «Alessandro» Negrete.
Tras vivir indocumentado en California durante décadas, se autoexpulsó a Guadalajara (México) en septiembre de 2025. Meses más tarde, recibió una notificación en su antigua dirección de Los Ángeles en la que se le exigían 1 820 352 dólares por incumplimiento de una orden de expulsión de 2009.
Actualmente, Negrete está impugnando la multa mientras reside en el extranjero.
Los críticos cuestionan la rentabilidad y la viabilidad del cobro transfronterizo. Las autoridades lo presentan como una forma de hacer cumplir la legislación vigente y fomentar su cumplimiento.