En una carta de febrero de 2026 al Congreso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó a 261 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, y que 86 de ellos fueron deportados.
El programa, establecido durante el gobierno de Obama, protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos durante su infancia, siempre que cumplan con criterios estrictos, como no tener antecedentes penales graves.
El DHS afirmó que 241 (92%) de los arrestados tenían antecedentes penales más allá de las violaciones migratorias, y a menudo citaban cargos o condenas pendientes para justificar la persecución de los “peores de los peores”.
Sin embargo, los demócratas del Comité Judicial del Senado denunciaron las acciones como “ilícitas”, argumentando que los arrestos violan las protecciones de DACA y las sentencias judiciales.
Los críticos señalan casos que socavan la narrativa criminal. Por ejemplo, un beneficiario de DACA sordo y sin antecedentes penales fue detenido durante una redada en California, donde pasó días bajo custodia sin adaptaciones.
Otro caso involucró a Javier Díaz Santana, arrestado a pesar de tener un historial limpio y una autorización de trabajo válida.
En Texas, la activista Xochitl Santiago se enfrentó a la deportación por un delito civil.
Defensores como Voto Latino pidieron el juicio político a Noem, calificando la represión de “peligrosa” y desproporcionada.
Mientras que quienes apoyan argumentan que se cumple con la ley, quienes se oponen afirman que erosiona el debido proceso para los Dreamers.
Con más de 500.000 inscritos, los arrestos señalan cambios más amplios en la inmigración desde la era Trump, lo que genera pedidos bipartidistas de transparencia.
