En una profunda reforma del sistema judicial de inmigración, la administración Trump ha llevado las tasas de aprobación de asilo a sus niveles más bajos en décadas.
Según una investigación del New York Times publicada el 9 de abril de 2026, los jueces aprobaron solicitudes de asilo en menos del 10% de los casos este año (la tasa más baja registrada), mientras que los datos de febrero de 2026 muestran aprobaciones cercanas al 7%.
Este cambio se debe a la intensa presión ejercida sobre los jueces, quienes son empleados del poder ejecutivo dependientes del Departamento de Justicia.
Más de 100 de los aproximadamente 750 jueces han sido despedidos, muchos por conceder asilo a tasas superiores al promedio nacional (los jueces despedidos tenían un promedio de aprobación del 46% frente al 15% a nivel nacional).
Informantes describieron directivas explícitas para denegar solicitudes; según reportan, a uno de ellos se le dijo que solo los casos similares a los de “refugiados judíos que escapaban de la Alemania nazi en 1943” merecían aprobación.
La administración también ha denegado la fianza a muchos solicitantes, lo que ha provocado detenciones prolongadas y salidas voluntarias.
El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha liderado la iniciativa, acelerando la resolución de casos y reduciendo la enorme acumulación de expedientes que se disparó durante la administración Biden. Los datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de febrero de 2026 muestran órdenes de deportación en el 81,9 % de los casos resueltos y una reducción de la acumulación de aproximadamente 60.000 casos.
Los críticos, incluidos jueces despedidos, consideran que los cambios están politizados.
Tanto partidarios como expertos de todo el espectro político coinciden en que el obsoleto sistema de asilo necesita una reforma. La rápida transformación refleja las prioridades de la administración en materia de deportación.
