El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) emitió una nueva opinión legal el 2 de septiembre de 2026 que obliga a todos los estados a reportar a inmigrantes indocumentados conocidos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), o arriesgarse a perder fondos federales destinados a programas de ayuda a personas de bajos ingresos.
Según la Oficina de Asesoría Legal del DOJ, cualquier estado que participe en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o en el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debe hacer que todas sus agencias estatales (no solo las que administran estos beneficios) compartan información sobre personas que se sepa que no están legalmente presentes en el país.
Con esta directriz, el DOJ revierte una postura legal de 1998, la cual establecía que dicha obligación aplicaba únicamente a las agencias estatales específicas que administraban de forma directa los programas de asistencia social.
Los fondos federales de TANF superan los 16.400 millones de dólares anuales.
El fiscal general adjunto, T. Elliot Gaiser, argumentó que los dólares de los contribuyentes destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deben incentivar la inmigración ilegal, sino reforzar las leyes y las fronteras del país. Por su parte, la Oficina de Asesoría Legal del DOJ enfatizó que no se imponen nuevas obligaciones, sino que se restaura el significado original de la ley aprobada por el Congreso.
La opinión se aplicará de forma prospectiva (desde el momento de la emisión en adelante).
Actualmente, los 50 estados del país participan en ambos programas de asistencia.
Debido al fuerte impacto que esta medida tiene sobre las jurisdicciones conocidas como “estados santuario”, fiscales generales de estados como California y Nueva York ya se encuentran evaluando el documento para determinar posibles recursos legales en las cortes.