El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sacudió la política migratoria internacional al anunciar que el gobierno estadounidense ha sellado acuerdos con 20 naciones dispuestas a recibir a inmigrantes indocumentados.
Esta drástica medida busca acelerar las deportaciones masivas impulsadas por la actual administración de Donald Trump.
Bajo la figura de acuerdos de “Tercer País Seguro”, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrá transferir a extranjeros en situación irregular a estos países aliados.
La estrategia se aplicará principalmente cuando las naciones de origen de los migrantes pongan trabas diplomáticas o se nieguen a repatriarlos.
Gobiernos como los de El Salvador, Guatemala y Paraguay ya han ratificado su participación en este plan estratégico.
Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta indispensable para recuperar el control de sus fronteras y agilizar los procesos legales, organizaciones de derechos humanos han encendido las alarmas.
Diversos activistas denuncian que desviar solicitantes de asilo hacia terceros países vulnera los tratados internacionales de protección y pone en riesgo a poblaciones vulnerables en naciones con sistemas judiciales frágiles.
