El Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson, reafirmó su apoyo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía por nacimiento, anunciando su participación en un escrito amicus curiae presentado ante una coalición de 26 fiscales generales.
El escrito, liderado por Iowa y Tennessee, apoya a la administración Trump en el caso Trump v. Barbara, actualmente en curso ante la Corte Suprema, cuyos argumentos orales están programados para el 1 de abril de 2026.
La orden ejecutiva, firmada el 20 de enero de 2025 (EO 14160), ordena a las agencias federales denegar la ciudadanía estadounidense automática a los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025, a menos que al menos uno de sus padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Está dirigida a los hijos de inmigrantes indocumentados y a quienes tienen visas temporales, con el objetivo de frenar el “turismo de nacimiento” y los “bebés ancla”.
El escrito de los estados argumenta que la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se concibió principalmente para los esclavos liberados después de la Guerra Civil y nunca tuvo como objetivo otorgar la ciudadanía automática a turistas o inmigrantes ilegales que buscaban aprovecharla para obtener beneficios migratorios familiares.
La coalición incluye a Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Florida, Guam, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
La orden permanece bloqueada a nivel nacional por medidas cautelares de tribunales inferiores, que la han declarado probablemente inconstitucional según la Decimocuarta Enmienda y el precedente de 1898 del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark.
Una decisión de la Corte Suprema, prevista para principios del verano de 2026, podría resolver el asunto definitivamente.
