Una corte federal de apelaciones del Circuito de Washington, D.C., confirmó recientemente la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para aplicar deportaciones expeditas a inmigrantes que ingresaron bajo parole humanitario.
El fallo unánime del 11 de agosto de 2026 anuló una orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado esta práctica.
La decisión afecta potencialmente a cientos de miles de personas, principalmente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, así como a quienes entraron vía CBP One durante la administración Biden. El parole les permitió el ingreso temporal legal por razones humanitarias. Ahora, el gobierno de Trump puede procesarlos bajo remoción acelerada, sin audiencia completa ante un juez de inmigración en muchos casos.
Los jueces determinaron que las organizaciones de inmigración demandantes (como CHIRLA) que presentaron la demanda carecen de fundamentos y legitimación para impugnar las directivas, ya que no demostraron que un fallo a su favor protegería a sus miembros de la deportación; puesto que regulaciones vigentes desde hace décadas ya podían otorgar a los funcionarios la autoridad para someter a algunos migrantes a un proceso de deportación acelerado, señaló el panel.
«Los demandantes no pueden solicitar una reparación que no les beneficie en absoluto», escribió el panel.
Dichas regulaciones, emitidas en 1997, definen a los migrantes que ingresaron bajo libertad condicional, un medio temporal de entrada a Estados Unidos, como “extranjeros que llegan” sujetos a deportación acelerada. La administración Trump se ha basado en estas regulaciones para aplicar la deportación acelerada.
Grupos defensores planean apelar. DHS celebró el fallo como una victoria para la aplicación de la ley.