El lunes 15 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó decidir si el gobierno puede detener a personas no ciudadanas por períodos prolongados sin audiencias de fianza, un fallo con importantes implicaciones para la política migratoria de la administración Trump.
El caso se centra en dos residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde) condenados por delitos graves.
Uno estuvo detenido durante siete meses y el otro durante casi dos años, mientras enfrentaban la deportación a la República Dominicana y Jamaica, respectivamente.
Ninguno de los dos recibió una audiencia para determinar si representaban un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Ambos fueron detenidos durante el primer mandato presidencial de Trump.
Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York (Segundo Circuito) dictaminó en 2024 que la Cláusula del Debido Proceso exige audiencias de fianza tras una detención prolongada. La administración Trump apeló, calificando la decisión de errónea, y argumenta que las leyes de detención obligatoria para ciertos delincuentes no requieren dichas audiencias.
Este caso se basa en decisiones previas de la Corte Suprema, incluyendo un fallo de 2016 que dejó abierta la cuestión constitucional. Una decisión podría afectar a miles de detenidos y determinar el alcance de la aplicación de las políticas de detención obligatoria por parte del gobierno.
Los argumentos se escucharán el próximo período de sesiones, que comienza en octubre. La ACLU representa a las personas involucradas.
