El jueves 1 de octubre de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar una política del gobierno de Trump que niega audiencias de fianza a muchos inmigrantes detenidos y que enfrentan la deportación, un elemento clave de las medidas de control migratorio ampliadas del gobierno.
Los magistrados decidirán si los extranjeros que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos años atrás y han estado viviendo en el país deben permanecer en detención obligatoria sin audiencia mientras se tramitan sus casos de deportación.
Esta política se deriva de una reinterpretación de 2025 de una ley de inmigración de 1996, que, según el gobierno, exige la detención de quienes “solicitan admisión”.
Administraciones anteriores, incluyendo el primer mandato de Trump, generalmente permitían audiencias de fianza para residentes de larga data que no representaban riesgo de fuga ni amenaza para la seguridad pública.
El caso admitido por el Tribunal involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos hace aproximadamente dos décadas, solicitó asilo en 2016 y fue arrestado en Massachusetts en septiembre de 2025.
Un juez de inmigración le negó una audiencia de fianza bajo la nueva política; posteriormente, tribunales inferiores ordenaron su liberación.
La mayoría de los tribunales federales de apelación (nueve de once) y cientos de jueces de distrito han rechazado la interpretación del gobierno, al considerar que excede la autoridad legal.
Dos circuitos han fallado a favor del gobierno.
El número de detenidos ha aumentado drásticamente, de aproximadamente 40.000 antes de 2025 a entre 65.000 y 70.000 recientemente.
Se esperan argumentos en los próximos meses, con una decisión prevista para junio de 2027.
El fallo podría afectar significativamente la forma en que el ICE gestiona las detenciones durante la actual ofensiva.