De acuerdo con un artículo compartido por la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha emitido al menos 103.000 multas civiles por un total aproximado de 84.000 millones de dólares contra inmigrantes con órdenes finales de deportación desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Las sanciones, de hasta 998 dólares diarios por incumplimiento de órdenes de salida voluntaria o remoción, buscan incentivar la autodeportación.
El programa incluye confiscación de bienes en caso de impago. Hasta julio de 2026, se han recaudado unos 1.200 millones de dólares.
La medida forma parte de la escalada agresiva de control migratorio y que ha impulsado más de 3 millones de salidas en el primer año, con 2,2 millones por autodeportación, según cifras del DHS.
Por otro lado, el DHS asegura que los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que abandonan voluntariamente Estados Unidos pueden conservar el dinero que ganaron en el país y mantener su elegibilidad para solicitar la inmigración legal en el futuro. Algunos también pueden optar a vuelos subvencionados si no pueden costearse el viaje de regreso a casa.
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Críticos y demandas judiciales, como las presentadas por organizaciones como Public Justice e ILRC, denuncian las multas como desproporcionadas (algunas superan 1,8 millones por persona), retroactivas y violatorias de debido proceso.
La Administración defiende que refuerzan el estado de derecho ante ignorancia de órdenes previas.
