Un juez federal ha bloqueado la implementación de políticas de la administración Trump que imponían nuevos obstáculos a las solicitudes de asilo y anulaban los permisos de trabajo de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La medida impugnada forma parte de la “Gran y Hermosa Ley” aprobada en 2025, que incluía tarifas para solicitar asilo y la eliminación de permisos de empleo para personas bajo TPS de países afectados por crisis.
La demanda, presentada por una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes como Democracy Forward, argumentó que estas reglas violan derechos y causarían daños irreparables.
El juez consideró que la revocación masiva causaría daño irreparable a las familias afectadas, muchas de las cuales dependen de estos empleos para subsistir.
Beneficiarios del TPS de países como Venezuela, Haití, Ucrania y otros, junto a solicitantes de asilo con casos pendientes, eran los principales impactados. Particularmente beneficia a solicitantes de asilo de todos los países, haitianos con TPS (hasta noviembre 2026) y un grupo de venezolanos con renovaciones pendientes. Adelys Ferro, del Venezuelan American Caucus, destacó el impacto positivo para quienes enfrentaban deportación expedita por no pagar la nueva tarifa de 100 dólares anuales.
La orden de emergencia del juez Nathaniel Gorton, dictada este martes, representa un alivio momentáneo para solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS con autorizaciones vigentes, y estará vigente hasta el 5 de agosto, cuando se resolverá sobre su suspensión a largo plazo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá acatar la orden. La administración federal podría apelar.
