El jueves 24 de septiembre de 2026, la administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita nuevamente las deportaciones aceleradas de inmigrantes a “terceros países” con los que no tienen vínculos.
La petición de emergencia busca suspender órdenes de tribunales inferiores que exigen aviso previo y una oportunidad significativa para que los migrantes argumenten temor a persecución o tortura.
Esta solicitud llega después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito (Boston) confirmara el 18 de septiembre un fallo del juez federal Brian Murphy, que declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El miércoles por la noche, el tribunal de apelaciones puso en vigor esa decisión, lo que provocó la cancelación de vuelos, incluido uno que transportaría a unas 70 personas con condenas penales a países africanos.
En su demanda presentada hoy jueves, el Departamento de Justicia comunicó a la Corte Suprema que los fallos de los tribunales inferiores interrumpen “una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los extranjeros con el peor historial delictivo”.
De acuerdo con James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, hasta la fecha la administración ya ha deportado a más de 25.000 personas a al menos 29 terceros países (muchas a México) mediante acuerdos diplomáticos.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que la remoción viola el debido proceso y las obligaciones internacionales de no devolución.
La Corte Suprema ya había intervenido anteriormente en este mismo caso, permitiendo temporalmente algunas deportaciones, incluida una a Sudán del Sur.