A medida que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementa su programa ampliado de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE), los críticos alertan sobre lo que llaman un plan para deportaciones masivas y supresión del voto.
Anunciada a finales de octubre de 2025, la iniciativa vincula las bases de datos estatales de licencias de conducir a través de la red Nlets con los registros federales de inmigración, lo que permite a las agencias verificar la ciudadanía utilizando los números de licencia para la verificación de votantes, la elegibilidad para beneficios y la aplicación de la ley.
Pero los opositores argumentan que es un caballo de Troya para atacar a los inmigrantes.
“Esta expansión de la base de datos SAVE servirá como un pilar central para elaborar expedientes sobre todos nosotros”, advirtió Cody Venzke, asesor principal de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), destacando cómo el ICE realizó casi 900,000 búsquedas de licencias de conducir solo el año pasado a través de Nlets, datos que ahora se incorporan a SAVE.
Los senadores demócratas Alex Padilla y Gary Peters se unieron a una demanda que alega que el DHS violó la Ley de Privacidad al reformar SAVE sin previo aviso al Congreso, canalizando millones de registros de votantes, incluidos los de ciudadanos estadounidenses, a una red de vigilancia.
A pesar de la oposición a la integración, 4 estados republicanos ya participan del programa piloto
Cuatro estados con mayoría republicana (Florida, Indiana, Iowa y Ohio) resolvieron sus demandas entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, acordando compartir hasta 1000 registros de licencias de conducir seleccionados al azar cada uno en un plazo de 90 días (a principios de marzo de 2026) para mejorar la calidad de SAVE, al tiempo que se comprometían a hacer todo lo posible para apoyar la integración de los Nlets del DHS.
Al menos cinco estados con mayoría demócrata (Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva York y Washington) bloquearon el intercambio de Nlets similares con ICE/DHS a partir de noviembre de 2025, alegando problemas de privacidad.
Esta expansión, vigente desde abril sin transparencia total, pone de relieve una peligrosa arremetida a los derechos ciudadanos en medio de las agresivas jornadas de deportaciones masivas.
