El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) completó la compra de dos de los mayores centros de detención de migrantes en California a la corporación privada CoreCivic por un valor de 1.500 millones de dólares.
La adquisición, que incluye el Centro de Detención de Otay Mesa (1.994 camas) y la instalación de California City (2.560 camas), busca expandir la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta el año fiscal 2029 bajo la estrategia denominada “Iniciativa de reingeniería de Detención”.
Pese al cambio de dueños, CoreCivic seguirá operando los centros diariamente bajo millonarios contratos vigentes hasta 2027 y 2029. Esta transacción generará ganancias netas de 1.100 millones de dólares para la firma carcelaria.
Choque frontal: Gobierno de California y ONGs denuncian irregularidades
La compra ha desatado un duro enfrentamiento político y legal con los líderes demócratas del estado.
El Fiscal General de California, Rob Bonta, ha instado formalmente a las comisiones locales a denegar los permisos de uso de suelo a California City para forzar su clausura.
El bloque demócrata denuncia que la federalización de los centros es una estrategia de la administración de Donald Trump para burlar las leyes estatales que restringen las cárceles privadas y evadir las inspecciones sanitarias locales.
Bajo este escenario, el número de centros activos del ICE en California ya subió de seis a ocho.
Por su parte, coaliciones como Detention Watch Network alertan que esta compra masiva busca consolidar una infraestructura de “expulsión a gran escala”, mientras que defensores legales advierten que el control puramente federal convertirá a estas prisiones en una “caja negra” inaccesible para el escrutinio de derechos humanos.
