La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ha comenzado a clasificar a miles de inmigrantes con estatus legal temporal y números de Seguro Social como muertos con el objetivo de forzar a miles de personas a salir voluntariamente del país.
Los primeros en ser clasificados como “inelegibles” fueron más de 6.000 inmigrantes que llegaron al país a través del programa de Parole Humanitario desarrollado por el ex presidente Joe Biden.
Sin embargo, existe el temor que otros inmigrantes con números legales de Seguro Social también sean afectados. Esta medida ha generado preocupación entre los congresistas demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes. Martin O’Malley, ex comisionado de la SSA durante la administración de Biden, calificó la medida como “ilegal en tantos aspectos” y expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en los derechos de las personas.
Esta muerte legal haría imposible a los afectados a tener acceso a cuentas bancarias, créditos y otros posibles beneficios, forzándolos a huir
Esta medida que forma parte de una serie de acciones impulsadas por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental busca avanzar en la visión del presidente Trump de una represión masiva de la población migrante.
Su objetivo es cortar el acceso de los inmigrantes a servicios financieros cruciales, como cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Para ello, el gobierno está utilizando el “archivo maestro de defunciones” de la Seguridad Social para incluir los nombres de personas vivas que considera que deben ser tratadas como si estuvieran muertas. Esto les impedirá tener una forma de identificación que les permita ganar y gastar dinero de forma legal y sencilla.
De acuerdo a múltiples fuentes, hasta ahora los nombres que han sido agregados a esta lista son de personas con antecedentes penales o con conexiones con el terrorismo; pero existe la preocupación de que se pueda expandir para incluir a otras personas sin autorización en el país.
La Administración del Seguro Social también ha acordado proporcionar las últimas direcciones conocidas de 98.000 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de la información personal en manos de esta agencia.
