Un conductor de Georgia, arrestado por el ICE, se enfrenta ahora a hasta 10 años de prisión por cargos federales de “tráfico de personas” tras una parada de tráfico, lo que pone de manifiesto la creciente dependencia de la agencia de los lectores automáticos de matrículas (ALPR) para iniciar detenciones.
Una investigación de Associated Press del 24 de noviembre de 2025, destacada por la ACLU, revela que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha creado una red nacional de ALPR que monitorea los movimientos de millones de estadounidenses, desde la frontera sur hasta estados como Illinois y Michigan.
La CBP accede a redes de la DEA (lanzadas en 2008 y ampliadas en 2015), empresas privadas como Vigilant (con acceso directo al ICE) y sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones “sospechosos” mediante análisis de “patrones de comportamiento”.
Según la IDP, los lectores de matrícula se usarían en estados como Georgia, Alabama y las Carolinas
El Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP) habla sobre un fuerte aumento en el uso de ALPR y pretextos de paradas de tráfico por parte del ICE en Georgia, Alabama y las Carolinas. Según datos del IDP, el ICE accedió a más de 1,2 millones de escaneos de matrículas de Georgia en los primeros nueve meses de 2025 (el triple que en 2024), lo que a menudo derivó en detenciones por infracciones menores, como luces traseras rotas, antes de que se plantearan preguntas sobre el estatus migratorio.
“Estas herramientas convierten los viajes cotidianos en casos federales”, declaró Mizue Aizeki, directora ejecutiva interina del IDP. “Los agentes utilizan pretextos para escanear matrículas y luego llaman al ICE cuando un nombre o una dirección coinciden con su base de datos. Es discriminación racial disfrazada de tecnología”.
El informe de AP corrobora esto, señalando el uso de la “construcción paralela” por parte de la Patrulla Fronteriza para ocultar las pruebas obtenidas con ALPR, la propuesta de retirar los cargos para evitar la divulgación de información y tácticas agresivas como la confiscación de bienes sin pruebas.
Este aumento coincide con un incremento del 367% en los arrestos del ICE en todo el país desde enero, según estadísticas del DHS. Los defensores de los inmigrantes temen que los ciudadanos de Georgia, como conductores de servicios de transporte compartido, conductores de furgonetas de iglesias y padres que comparten coche, estén siendo acusados de delitos graves por ofrecer transporte sin pedir documentos de identidad.
