Ayer en la noche, un juez de Texas decidió bloquear de forma temporal el programa “Manteniendo Familias Unidas” la iniciativa más reciente de la Administración de Biden que permitía a cónyuges e hijastros no nacionales residir en el país mientras tramitaban su solicitud de residencia permanente.
Un juez de Texas ha decidido bloquear temporalmente una política de inmigración del presidente Joe Biden que permitía a esposos e hijastros no nacionales de ciudadanos estadounidenses permanecer en el país mientras se evaluaban sus solicitudes de residencia permanente.
El juez de distrito J. Campbell Barker, del este de Texas, conocido por ser un bastión conservador que busca desafiar la agenda del presidente, suspendió el más reciente programa de “Parole in Place” el lunes por la noche. Barker fue designado por la administración de Donald Trump.
Se estima que cerca de 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero podrían beneficiarse de esta iniciativa de la administración Biden, presentada en junio bajo el lema «Mantener unidas a las familias». Las solicitudes se abrieron el pasado 19 de agosto.
A menos que se levante la suspensión de 14 días impuesta por Barker o se anule en apelación, el requisito anterior de que los solicitantes deban solicitar un cambio de estatus legal desde el extranjero seguirá vigente.
Las reacciones de la comunidad latina no se han hecho esperar
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han calificado esta decisión como «desgarradora», advirtiendo que podría provocar la separación de familias de estatus mixto durante años, o incluso de manera permanente, mientras se procesan sus extensas solicitudes de permiso de residencia.
La decisión de Barker se produce en respuesta a una demanda presentada el viernes por 16 fiscales generales republicanos, liderados por Ken Paxton de Texas, contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según Paxton, la política de Biden «viola directamente las leyes establecidas por el Congreso» y equivale a una amnistía general para quienes ingresaron ilegalmente al país.
Qué sucederá ahora?
Según declaraciones del mismo Baxter, el DHS aún tiene la capacidad de recibir solicitudes, pero su decisión impide que estas sean procesadas.
Ante el impacto de su medida, el grupo Justice Action Center presentó una moción para intervenir en el caso el lunes en nombre de 11 personas que se verán afectadas.
