Una jueza federal dictaminó que las políticas que dificultan la obtención de tarjetas de residencia y permisos de trabajo para personas provenientes de 39 países incluidos en la lista ampliada de restricciones de viaje del presidente Donald Trump son discriminatorias e ilegales.
La jueza de distrito estadounidense Julia Kobick, en Boston, llegó a esta conclusión y emitió una orden judicial preliminar a una demanda presentada por aproximadamente 200 personas de 20 países, entre ellos Irán, Haití, Venezuela y Siria, quienes demandaron por la suspensión del procesamiento de sus solicitudes de inmigración.
Kobick determinó que esta política era discriminatoria y carecía de una base razonable de seguridad nacional, ya que afectaba de forma generalizada a solicitantes sin evidencia individual de riesgo.
La orden impide que el USCIS aplique las políticas contra 22 demandantes que habían presentado declaraciones detallando cómo les habían perjudicado, y ordenó a las partes que discutieran si su orden debía aplicarse al resto de los 200.
No obstante, abogados de inmigración consideran que el fallo podría tener un impacto más amplio.
La medida, impuesta por la administración Trump a fines del 2025 justificaba estas restricciones citando preocupaciones de seguridad, pero la corte las consideró arbitrarias e ilegales.
