Un exejecutivo de la Administración del Seguro Social ha denunciado un controvertido plan del gobierno de Trump para registrar falsamente a 2,7 millones de personas vivas como fallecidas en el Registro Maestro de Defunciones del Seguro Social.
Según la denuncia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proporcionó una lista de 2,7 millones de personas (muchas de ellas inmigrantes, incluyendo algunos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales) para ser añadidas a la base de datos.
El plan, que ya se había probado con unas 6.100 personas el año pasado, fue revelado por Whistleblower Aid y su objetivo era perjudicar su situación financiera, impedirles el acceso a servicios bancarios, crédito, prestaciones y empleo, con la esperanza de presionarlos para que se autodeportaran.
Según informes, un funcionario del Departamento de Gobierno Local (DOGE) declaró que las personas afectadas tendrían que abandonar el país o acudir a una oficina del Seguro Social para regularizar su situación, donde podrían ser detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Esa llamada fue una de las más decepcionantes que he recibido en mis 25 años de carrera”, declaró al Post Jeremiah Schofield, un antiguo empleado del Seguro Social que dejó su trabajo el año pasado. “Me quedé impactado. No podía creer lo que oía”.
El plan finalmente no se llevó a cabo.
La denuncia del informante ha provocado la indignación de los demócratas y los defensores de los inmigrantes, quienes la califican de táctica ilegal y cruel.
