Wednesday, May 13, 2026

Legisladores de Georgia buscan proponer pena de muerte para trata de personas con fines sexuales o laborales

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Un grupo de legisladores republicanos de Georgia presentó el House Bill 1154 (HB 1154), una propuesta que busca agregar el tráfico de personas para servidumbre laboral o sexual al listado de delitos elegibles para la pena de muerte en el estado.

El proyecto fue presentado el 3 de febrero de 2026 y ahora avanza hacia la Cámara de Representantes de Georgia para su consideración.

El principal patrocinador es el representante estatal David Clark (R-Buford), acompañado por co-patrocinadores como Tyler Paul Smith (R-Bremen), Joseph Gullett (R-Dallas), Alan Powell (R-Hartwell), Derrick McCollum (R-Chestnut Mountain) y Karen Mathiak (R-Griffin).

La medida modificaría el Código de Procedimiento Penal de Georgia (O.C.G.A. § 17-10-30) para incluir el “tráfico de personas para labor o servidumbre sexual” entre los crímenes capitales, junto a delitos como asesinato, violación agravada o secuestro con circunstancias agravantes.

La modificación podría enfrentar desafíos a nivel federal

Bajo la ley actual (O.C.G.A. § 16-5-46), el tráfico humano es un delito grave con penas de 10-20 años de prisión y multas hasta $100.000; si la víctima es menor de 18 años o tiene discapacidad del desarrollo, las sanciones suben a 25-50 años o cadena perpetua.

Los patrocinadores argumentan que la pena de muerte enviaría un mensaje disuasorio fuerte contra lo que describen como “esclavitud moderna” y explotación extrema, especialmente en un estado con casos crecientes de tráfico de menores.

Sin embargo, la propuesta enfrenta desafíos constitucionales.

Fallos de la Corte Suprema de EE.UU. como Coker v. Georgia (1977) y Kennedy v. Louisiana (2008) limitan la pena capital a crímenes con homicidio o circunstancias extremas, prohibiéndola para delitos no homicidas contra personas (como violación o, potencialmente, tráfico sin muerte).

El proyecto fue asignado al Comité Judicial No Civil de la Cámara. Si avanza en ambas cámaras y es firmado por el gobernador Brian Kemp, entraría en vigor para delitos cometidos después del 1 de julio de 2026.

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