En la más reciente intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración, las autoridades federales y estatales de Indiana arrestaron a 223 migrantes indocumentados durante la Operación Midway Blitz, un operativo conjunto de varias agencias cuyo objetivo es evitar que extranjeros sin licencia o con documentos fraudulentos realicen las rutas de transporte comercial del país.
Los resultados del operativo fueron anunciados este jueves por la tarde por la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, junto con el Gobernador de Indiana, Mike Braun. Entre los detenidos hubo 146 conductores, 46 de los cuales operaban camiones semirremolque mientras que 82 operaban camiones grandes, furgonetas y autobuses.
El operativo, que abarcó las carreteras del noroeste de Indiana, se basó en un acuerdo 287(g) recientemente firmado entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del DHS y la Policía Estatal de Indiana (ISP). Esta colaboración faculta a los agentes locales para realizar detenciones de inmigrantes federales durante controles de tráfico rutinarios, un modelo que Noem elogió como “un punto de inflexión para la seguridad pública”.
En una rueda de prensa en Gary, Noem lanzó un mensaje contundente a quienes evaden la deportación: “Sus días están contados”, justificando las detenciones en los riesgos que representan los conductores sin licencia quienes han puesto en peligro a otros automovilistas e interrumpido las cadenas de suministro.
Midway Blitz es la materialización de la orden ejecutiva de la nueva Administración en donde se busca “devolver las autopistas a los americanos”
Esta operación forma parte de una iniciativa más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el liderazgo de Noem, para auditar y revocar licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) que podrían poseer personas que no son ciudadanas estadounidenses.
Los críticos, incluyendo grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, denuncian las redadas como excesivamente agresivas, ya que podrían involucrar a residentes legales en errores burocráticos.
A medida que aumentan las deportaciones, persisten las dudas sobre los impactos a largo plazo en la industria del transporte por carretera, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.
