En una audaz iniciativa para cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump sobre la aplicación de la ley migratoria, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó su sección en la web “Lo peor de lo peor” el 12 de noviembre de 2025.

Presentada a los medios por la secretaria de la Casa Blanca Karoline Leavitt, la iniciativa destaca los arrestos de alto perfil de inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves, con el objetivo de disuadir la presencia ilegal y generar apoyo público para las deportaciones masivas.

El sitio web, accesible a través del dhs, presenta perfiles detallados de las personas detenidas, categorizándolas por delitos. Su objetivo principal es la intimidación: mostrar la rápida aplicación de la ley por parte del ICE y, al mismo tiempo, instar a la autodeportación a través de la aplicación CBP Home.

“Delincuentes sexuales. Narcotraficantes. Estos son solo algunos de los sinvergüenzas que se encuentran aquí ilegalmente y que hemos arrestado gracias al presidente Trump”, declaró Noem. “El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro: ¡SALGAN YA! Si no se autodeportan, los perseguiremos, arrestaremos y deportaremos”.

Arrestos buscan amplificar la narrativa de la delincuencia; sin embargo, los números indican lo contrario: menos del 5% de los detenidos por el ICE cuentan con antecedentes

El lanzamiento ha generado reacciones polarizadas.

Sus partidarios la elogiaron como una herramienta vital para la seguridad comunitaria mientras que los críticos la tachan de propaganda.

Un informe del Instituto Cato reveló que solo el 5% de los detenidos por ICE tienen condenas violentas, y el 73% carece de antecedentes penales, lo que desmiente la narrativa de “lo peor de lo peor”.

Con esta nueva herramienta tecnológica, queda por ver si acelerará las deportaciones mientras profundiza la división; pero indica una postura inflexible en el segundo mandato de Trump.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, anunció este viernes la apertura de un nuevo Centro de Verificación y Control de Fraude relacionado con la migración, con sede en Atlanta, Georgia.

«A raíz de varios incidentes violentos recientes, entre ellos el ataque de un ciudadano extranjero a miembros de la Guardia Nacional en territorio estadounidense, la creación de este centro de investigación nos proporcionará mayores capacidades para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública», declaró el director del USCIS, Joe Edlow.

El centro, ya operativo, está bajo el mando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), usando tecnología avanzada y analistas especializados para examinar rigurosamente las solicitudes de inmigración, reexaminar los casos previamente aprobados y priorizar las revisiones de los países de alto riesgo.

“El papel del USCIS en el sistema de inmigración del país nunca ha sido tan importante”. “Este centro de verificación nos brindará capacidades mejoradas para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”, señaló Edlow.

En una audaz escalada de la agenda de control migratorio de la administración Trump, el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Michael W. Banks, recurrió a X (anteriormente Twitter) el 4 de diciembre de 2025 para anunciar la imposición inmediata de una “tarifa de aprehensión” de $5,000 a todos los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años que ingresaron a Estados Unidos sin inspección.

El anuncio, publicado desde la cuenta oficial del jefe Banks (@USBPChief), ha desatado una polémica en línea. Acompañado de una imagen gráfica austera sobre una escena de detención —que muestra esposas y un llamativo sello de “CUOTA DE $5,000″—, el mensaje dice: “Según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1815, a todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que ingresaron a Estados Unidos sin inspección se les impondrá una cuota de aprehensión de $5,000. Además, también se aplicarán las infracciones a los Títulos 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1324 y 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 2339”.

Esta medida, basada en el recién promulgado Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1815, se aplica universalmente —independientemente del punto de entrada, la duración de la estancia, la ubicación actual o los procedimientos migratorios pendientes—, lo que indica un enfoque sin excepciones para la disuasión y la expulsión.

Amparada bajo la Ley Pública 119-21 (Ley de la “Gran y Hermosa Ley” u OBBBA), se establece una multa inicial de $5.000 para el año fiscal 2025, ajustable anualmente según la inflación a partir de 2026.

La mitad de los fondos recaudados reforzará las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y el resto se canalizará al fondo general del Tesoro, sin que se permitan exenciones.

A quiénes afecta?

• Todos los inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera sin inspección previa.
• Mayores de 14 años.
• Sin excepciones para DACA, TPS, solicitudes de asilo ni por el tiempo que hayan vivido en el país.

En medio de un aumento nacional en la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración Trump, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) en Lake Charles, Luisiana, llevaron a cabo una operación específica el 3 de diciembre de 2025, que resultó en la detención de 15 personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

La iniciativa, que implicó la coordinación con socios federales, estatales y locales, se alinea con iniciativas más amplias como la Operación Catahoula Crunch, una operación de gran envergadura lanzada en la cercana Nueva Orleans a principios de esta semana.

Según una publicación detallada del Agente Jefe de Patrulla de la USBP, Adam M. Calderón, del Sector de Nueva Orleans, los agentes de Lake Charles, ubicados en la parroquia de Calcasieu, en la frontera entre Luisiana y Texas, colaboraron con varias agencias para ejecutar la redada.

La operación se centró en identificar y detener a personas por infracciones administrativas de inmigración, un procedimiento estándar para quienes se encuentran sin autorización legal para permanecer en el país.

En el informe inicial no se especificaron cargos penales. Esto recuerda acciones policiales anteriores este año en la zona, como una redada en una obra en el puerto de Lake Charles en marzo, que resultó en 11 detenciones.

Un engranaje más en la maquinaria de deportación

Esta operación en Lake Charles subraya el enfoque agresivo de la administración Trump hacia la aplicación de la ley en el interior, desviando recursos de la frontera a redadas urbanas y suburbanas. Los defensores, incluido el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, la aclaman como una victoria en materia de seguridad pública.

Los críticos, como la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, advierten sobre los efectos en la comunidad.

A medida que Catahoula Crunch se expande (y posiblemente abarcando Lake Charles en el futuro), los defensores locales están organizando vigilias y líneas telefónicas para asistencia legal. Por ahora, las 15 detenciones representan el impulso político que está transformando las comunidades del Sur paso a paso.