Un conductor de Georgia, arrestado por el ICE, se enfrenta ahora a hasta 10 años de prisión por cargos federales de “tráfico de personas” tras una parada de tráfico, lo que pone de manifiesto la creciente dependencia de la agencia de los lectores automáticos de matrículas (ALPR) para iniciar detenciones.

Una investigación de Associated Press del 24 de noviembre de 2025, destacada por la ACLU, revela que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha creado una red nacional de ALPR que monitorea los movimientos de millones de estadounidenses, desde la frontera sur hasta estados como Illinois y Michigan.

La CBP accede a redes de la DEA (lanzadas en 2008 y ampliadas en 2015), empresas privadas como Vigilant (con acceso directo al ICE) y sistemas de inteligencia artificial que detectan patrones “sospechosos” mediante análisis de “patrones de comportamiento”.

Según la IDP, los lectores de matrícula se usarían en estados como Georgia, Alabama y las Carolinas

El Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP) habla sobre un fuerte aumento en el uso de ALPR y pretextos de paradas de tráfico por parte del ICE en Georgia, Alabama y las Carolinas. Según datos del IDP, el ICE accedió a más de 1,2 millones de escaneos de matrículas de Georgia en los primeros nueve meses de 2025 (el triple que en 2024), lo que a menudo derivó en detenciones por infracciones menores, como luces traseras rotas, antes de que se plantearan preguntas sobre el estatus migratorio.

“Estas herramientas convierten los viajes cotidianos en casos federales”, declaró Mizue Aizeki, directora ejecutiva interina del IDP. “Los agentes utilizan pretextos para escanear matrículas y luego llaman al ICE cuando un nombre o una dirección coinciden con su base de datos. Es discriminación racial disfrazada de tecnología”.

El informe de AP corrobora esto, señalando el uso de la “construcción paralela” por parte de la Patrulla Fronteriza para ocultar las pruebas obtenidas con ALPR, la propuesta de retirar los cargos para evitar la divulgación de información y tácticas agresivas como la confiscación de bienes sin pruebas.

Este aumento coincide con un incremento del 367% en los arrestos del ICE en todo el país desde enero, según estadísticas del DHS. Los defensores de los inmigrantes temen que los ciudadanos de Georgia, como conductores de servicios de transporte compartido, conductores de furgonetas de iglesias y padres que comparten coche, estén siendo acusados ​​de delitos graves por ofrecer transporte sin pedir documentos de identidad.

En una importante escalada de las capacidades de control migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha firmado un contrato valorado en casi 140 millones de dólares para adquirir 6 aviones Boeing 737 dedicados a la deportación de inmigrantes.

El acuerdo, reportado inicialmente por The Washington Post, representa un cambio para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que históricamente ha dependido de vuelos chárter comerciales para las deportaciones.

El contrato fue adjudicado a Daedalus Aviation Group, una empresa con sede en Virginia especializada en servicios de aviación para clientes gubernamentales. Los aviones, Boeing 737 modificados, constituirán el núcleo de la primera flota de deportación propia del DHS, lo que permitirá operaciones más eficientes y rentables ante la creciente demanda.

Esta medida se alinea con la promesa del gobierno entrante de Trump de realizar deportaciones masivas, dirigidas a millones de personas indocumentadas. De acuerdo al DHS, el ICE llevó a cabo más de 500 mil deportaciones en el año fiscal 2025, pero los funcionarios citan cuellos de botella logísticos, como la limitada disponibilidad de vuelos chárter, como obstáculos para aumentar la escala de las operaciones.

La nueva flota podría agilizar los vuelos a Centroamérica, México y otros destinos, reduciendo la dependencia de aerolíneas como Southwest o American, que han sido criticadas por su participación en este tipo de operaciones.

Los críticos, incluidos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, denuncian la expansión como deshumanizadora, argumentando que prioriza el castigo sobre las vías humanitarias.

Sin embargo, sus defensores lo consideran un paso pragmático para hacer cumplir las leyes ante el récord de cruces fronterizos.

La entrega de las aeronaves está prevista para mediados de 2026, lo que permitirá al DHS intensificar las operaciones bajo la nueva orden ejecutiva que se espera para enero.

En un clima políticamente tenso, una encuesta reciente del Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI) revela un amplio apoyo a la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda, mientras la agresiva agenda migratoria del presidente Trump enfrenta un importante rechazo.

Realizada del 15 de agosto al 8 de septiembre de 2025, la encuesta a más de 5500 adultos estadounidenses destaca una desconexión entre los planes de la administración y los valores estadounidenses.

Dos tercios (67%) de los estadounidenses están a favor de preservar la ciudadanía por nacimiento, que otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense a quienes nacieron en suelo estadounidense. Esto incluye mayorías entre los independientes (71%) y casi la mitad de los republicanos (47%).

El apoyo es particularmente fuerte entre los demócratas (88%), los protestantes negros (alrededor del 80%), los católicos hispanos y los protestantes hispanos. Incluso entre los protestantes evangélicos blancos (una base clave de Trump), el 53% se opone a eliminarla, lo que contradice la insistencia del presidente de impugnar este derecho constitucional mediante una orden ejecutiva.

La aprobación del segundo mandato de Trump a caído al menos 11 puntos, con especial rechazo a sus medidas de deportación

La aprobación de la gestión de inmigración por parte de Trump ha caído al 43%, en comparación con principios de año, con descensos entre los independientes (una caída de 11 puntos), las personas mayores, los adultos jóvenes y los residentes de los estados fronterizos (del 42% al 33%).

Solo el 30% respalda su agenda completa, que incluye deportaciones masivas, campos de detención y arrestos de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, mientras que el 66% se opone.

Las divisiones partidistas son evidentes: el 86% de los republicanos la aprueba, pero solo el 16% de los demócratas confía en ICE, la agencia encargada de aplicar estas políticas.

La directora ejecutiva de PRRI, Melissa Deckman, señaló: «La mayoría de los estadounidenses, incluidos muchos conservadores y religiosos, consideran la ciudadanía por nacimiento como una promesa constitucional fundamental. Acabar con ella simplemente no es algo que el público desee».

Mientras la Corte Suprema se prepara para revisar la orden de Trump, la encuesta sugiere que sus partidarios podrían cambiar sus decisiones de voto en función de su agenda de inmigración.